Fiscal pide se investigue si hubo complot

La Justicia investigará si la denuncia de Mauricio Macri contra el Gobierno nacional por presunto «boicot» a su gestión tiene fundamento, pero al mismo tiempo buscará si corresponde aplicar una multa a funcionarios porteños por la contratación del espía Ciro James, quien se encuentra procesado y detenido con la acusación de realizar escuchas ilegales al dirigente de la AMIA, Sergio Burstein, entre otras personas.

James se desempeñaba en la Policía Federal como auxiliar de cuarta del área de Inteligencia al mismo tiempo que tomó un cargo de asesor en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Al momento de ser detenido ya había renunciado a los dos puestos porque, según le dijo al juez Norberto Oyarbide, iba a ingresar a la Policía Metropolitana que organiza Macri. Allí habría arribado por recomendación del ex jefe de la fuerza, Jorge «Fino» Palacios, quien renunció días antes de ser procesado por el presunto entorpecimiento de la investigación del atentado a la mutual de la comunidad judía.

Tras ese escándalo que enfrentó a Macri con el Gobierno nacional al que acusó haberle «plantado» al ex Federal, mientras que el kirchnerismo lanzó sus presunciones sobre que el Gobierno porteño armaba una suerte de unidad de espionaje local, el mandatario denunció a la administración de Cristina de Kirchner. En la presentación, a cargo del procurador porteño Pablo Tonelli, se enumeraron una serie de cuestiones, como la negativa a mantener reuniones conjuntas para organizar el debut de la Metropolitana, para que se investigue si habría una intencionalidad del Gobierno nacional de entorpecer los planes del macrismo.

Ayer, el fiscal Luis Comparatore solicitó que se pidan informes a la Policía Federal acerca de los agentes que se pasaron a la Metropolitana y sus antecedentes. Solicitó también al juez federal Daniel Rafecas, quien lleva la causa por el presunto boicot, que «requiera a la Policía Federal Argentina que presente en el plazo de 10 días la totalidad de los antecedentes correspondientes a los sumarios que se hayan formado respecto de los miembros de la fuerza que hubieren manifestado su decisión de efectuar el traspaso».

Además, Comparatore solicitó informes al Gobierno porteño sobre la contratación de James en el área educativa en función de que pudiera aplicarse el artículo 253 del Código Penal, que sostiene que: «Será reprimido con multa de $ 750 a $ 12.500 e inhabilitación especial de seis meses a dos años el funcionario público que propusiere o nombrare para cargo público a persona en quien no concurrieren los requisitos legales. En la misma pena incurrirá el que aceptare un cargo para el cual no tenga los requisitos legales».

En ese sentido, Tonelli sostuvo que el Gobierno porteño enviará lo que le soliciten, pero que James tenían antecedentes como para reportar como abogado asesor en la unidad ministros de la cartera que conduce Mariano Narodowski.