Fiscal toma examen a partidos

Los partidos políticos deberán rendir examen en febrero en los tribunales federales de Retiro. En un año de elecciones legislativas, la fiscalía electoral a cargo de Jorge Di Lello comenzará la semana próxima a revisar la cantidad de afiliados de los partidos y en caso de que no cumplan con el mínimo establecido (4.000) se pedirá su caducidad. Al mismo tiempo el fiscal debe revisar el financiamiento con lo cual se esperan diversas visitas al quinto piso de Comodoro Py para exhibir balances y rendir cuentas. Por otra parte, al igual que en 2011, los apoderados de los partidos registrados en Capital Federal podrían tener un cónclave determinante con la jueza María Servini de Cubría.

La ley electoral establece que los partidos con sede porteña deben presentar inicialmente 4.000 adhesiones (4 por cada 1.000 habitantes del distrito). Éstos les otorgan una habilitación provisoria a las distintas fuerzas. No se trata de un objetivo difícil ya que una misma persona puede prestar adhesiones a distintos partidos. Será lo primero que Di Lello analice en febrero.

A partir de las elecciones de 2011, el fiscal entiende que para los partidos minoritarios no es sencillo lograr las afiliaciones. Éstas son las que les posibilitan la habilitación definitiva para participar tanto de elecciones en la Ciudad como para representaciones del distrito a nivel nacional, como es el caso de la Cámara de Diputados o el Senado.

En 2011 Di Lello solicitó a Servini de Cubría la caducidad de ocho partidos. En la lista figuraban desde agrupaciones pequeñas hasta aquellos que en distintos momentos políticos lograron buenos resultados en las urnas como fuera el caso de Autodeterminación y Libertad, del dirigente Luis Zamora. En esa lista también figuraron Unión por Todos de Patricia Bullrich y hasta el histórico Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) que no logró llegar al piso necesario y que por estos días intenta revivir con el legislador porteño Rogelio Frigerio.

Más jugosos son los informes que los partidos deben presentar sobre el financiamiento de sus actividades. El fiscal espera contar con los balances que luego son analizados por un equipo de peritos contables quienes redactan los informes correspondientes. Esta auditoría es determinante: es el paso previo al inicio de posibles acciones penales.

En 2007, Di Lello impugnó los balances del Frente para la Victoria. Le recomendó a Servini de Cubría no aprobar los informes que presentó el kirchnerismo sobre los gastos para la campaña presidencial de ese año. Paradoja: hasta la actualidad, y con distintas elecciones, estos documentos todavía no han sido aprobados. No está el análisis de su redacción sino el origen de los fondos. Se trata de una causa que tramita en el juzgado de Ariel Lijo y que investiga si éstos pudieron haber provenido de la trama de la llamada «mafia de los medicamentos» que estallara en la opinión pública con la muerte de tres empresarios en la localidad de General Rodríguez en 2007.

Ante los distintos vericuetos legales que se presentan como paso previo a las urnas los apoderados de los partidos ahora esperan, como en las últimas elecciones presidenciales, una cita con Servini de Cubría para unificar criterios y aclarar distintas «dudas».