preocupación. La asociación que preside Carlos Rívolo se pronunció luego de que fiscales de todo el país se pusieron en alerta por el cambio.
Los fiscales de todo el país amagan con subirse al ring y plantear una tensa pelea al Gobierno por la reforma a la Ley del Ministerio Público Fiscal, cuya resistencia hasta ahora no impidió que el oficialismo (y un importante sector del PJ) mantengan pisado el acelerador para aprobarla, más allá del alejamiento de Alejandra Gils Carbó y la indefinición sobre su sucesor. Tal como adelantó Ámbito Financiero, los murmullos entre fiscales tomaron forma de comunicado, en el que expresaron su malestar frente a un posible avasallamiento de su autonomía, injerencia del poder político sobre sus funciones y alerta por los cambios que aspira a introducir la modificación. Cinco asociaciones vinculadas al derecho sumaron su voz para rechazar la redacción de la iniciativa que hoy -desde las 13- tendrá dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado. Pero se agregó un dardo inesperado a nivel internacional: los Procuradores de todo el Mercosur -alineados en las investigaciones por el caso Odebrecht- salieron al cruce del plan oficial y sentenciaron que "afecta la independencia y autonomía" del órgano del que dependen fiscales.
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La Asociación de Fiscales y Funcionarios (Affun) que preside el fiscal federal Carlos Rívolo, consideró que la reforma pretende establecer "un método endeble de elección y remoción del procurador general de la Nación". Recordó que la autonomía para el Ministerio Público está fijada en el artículo 120 de la Constitución nacional, y que "pretende establecer mayor incidencia de naturaleza política en el Tribunal de Enjuiciamiento reemplazando al miembro del Consejo Interuniversitario por un diputado de la Nación". Tibio, en cuanto al malestar que expresan tanto fiscales nacionales como federales, el comunicado fue fruto de la presión desde las bases con lo que entienden que es un proyecto con un fuerte nivel de apoyo político que le permitiría atravesar el trámite parlamentario sin escollos. El último párrafo hizo mención a una de las polémicas cláusulas transitorias referidas al personal que quedaría en suspenso, nombrado durante los últimos cinco años. Con crítica velada a Gils Carbó exhortaron a que "deberán considerarse criterios objetivos de efectiva prestación que justifiquen su permanencia en el cargo".
Del texto que se discutirá hoy en comisión no queda claro si ello incluye a funcionarios (en la Justicia son considerados así desde el cargo de prosecretario), o si se refiere a todos los empleados. En el primero de los casos, que incluye cierta jerarquía, impacta en un universo de alrededor de 200 personas que trabajan en la Procuración, a las que se suman otras 200 nombradas por Gils Carbó pero que fueron repartidas entre las fiscalías según necesidades. Algunos fiscales prevén un descalabro si quedaran cesantes porque sus ingresos generaron ascensos en el personal o movimientos internos que no se sabe cómo se resolverán, ni cuándo.
La cláusula transitoria referida al regreso en 30 días de los fiscales a sus designaciones de origen si fueron trasladados, en Comodoro Py tienen una sola lectura y nombre propio: Juan Pedro Zoni, cuyo pliego fue aprobado para Santiago del Estero pero que Gils Carbó ubicó a fines de 2014 en la Fiscalía Federal N° 8. Fue el que imputó en febrero pasado a Mauricio Macri y Oscar Aguad en la causa penal derivada del frustrado acuerdo por el pago de la deuda al Estado de Correo Argentino SA, denunciado en la Justicia comercial.
Poder Ciudadano, Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Sociales y Penales (INECIP), la Asociación Pensamiento Penal y el Cels emitieron un comunicado conjunto criticando los principales aspectos de la reforma porque "pone en riesgo" la independencia de los fiscales y es un "peligro" para la división de poderes. Vulnerar el necesario acuerdo político para las designaciones, inestabilidad en el cargo y factible disolución de Procuradurías y Direcciones dispararon las críticas. Son justamente todos los puntos que plantea el proyecto. Abuelas de Plaza de Mayo y el gremio Sitraju nacional dirigieron cartas a la Comisión del Senado con diferentes motivos de preocupación. La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos emitió un pronunciamiento expresando preocupación por el avance de las modificaciones.
Hasta ahora, el cronograma del Congreso no acusó recibo de las resistencias y si se obtiene dictamen, la intención es que la semana próxima sea aprobado en el recinto, pero a Diputados podría llegar después del recambio.
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