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Fuero clave definirá si valen listas de conjueces
Carlos Zannini
La denuncia fue formulada por el abogado Ricardo Mihura Estrada, quien cuestionó los decretos presidenciales que promulgaron los listados de conjueces para los distintos fueros. Al mismo tiempo, el abogado solicitó una medida cautelar para que las Cámaras se abstengan de sortear conjueces.
La constitucionalidad de los decretos presidenciales se ha transformado en un issue comentado en distintos fueros, situación que enerva a los abogados de la Secretaría de Legal y Técnica ya que las conclusiones distan de ser favorables. Una racha que se inició con signo negativo en 2012, cuando una Sala de la Cámara Civil y Comercial Federal emitió una cautelar contra el decreto de Cristina de Kirchner que avalaba la expropiación del predio La Rural.
La denuncia ya fue respondida por los abogados del Gobierno. Éstos sostuvieron que Mihura Estrada no tenía legitimidad para entablar el reclamo y recordaron un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2012 en el cual el máximo tribunal respaldó la ley de conjueces frente a una acción proveniente de la Asociación de Magistrados.
En el gremio la objeción fue promovida por la disconformidad que generaba que los secretarios de los juzgados no pudieran ser conjueces. Realpolitik al extremo: los secretarios son un segmento atractivo cada vez que los jueces se presentan a elecciones y además los camaristas se encuentran más a gusto con funcionarios de su fuero que con abogados de la matrícula. Esta sutil complicidad fue la que definió el revés cortesano.
La realidad es que los conjueces hasta el momento son más bien una expresión de deseo. La única Cámara de trascendencia en la que fueron designados fue en la Civil y Comercial, luego de que el kirchnerismo denunciara a todos sus integrantes ante el Consejo de la Magistratura por un viaje que éstos habían realizado a Miami para disertar en un seminario auspiciado por la firma Cablevisión cuando la ley de medios se discutía todavía en la planta baja del Palacio de Tribunales.
El único requerimiento formal fue que los conjueces debían someterse a exámenes periódicos a partir de un reglamento que nunca salió a escena.
En diciembre del año pasado, cuando Mariano Borinsky fue elegido titular de la Cámara de Casación Penal, se aprovechó el plenario para firmar una acordada en la que se establecía que los conjueces no serían sorteados durante 2014 y que los integrantes del máximo tribunal penal se subrogarían entre ellos.
Determinaciones que se han visto apalancadas en diversas Cámaras a partir de las convocatorias de conjueces que motivaron situaciones insólitas como en Córdoba, donde abogados de buena llegada a Carlos Zannini tramitaron matrículas en tiempo récord para postularse como conjueces.
Un dato recordado en las recientes negociaciones de los abogados del interior que anotaron candidaturas al Consejo de la Magistratura para representar a su estamento. El titular del Colegio cordobés, Alejandro Tejerina, era señalado por sus competidores como cercano al oficialismo aunque finalmente el letrado optó por desistir de su candidatura. El proyecto se desinfló visiblemente ya que al principio el candidato aparecía con los titulares de todos los colegios cordobeses y al final, en los días previos al cierre de candidaturas, su soledad ya era evidente.
El fuero Contencioso, donde se dirime el caso de los conjueces es cada vez más vital para los planes económicos del Gobierno, rasgo que se incrementó a partir de que allí se tramitan medidas cautelares que apuran los trámites aduaneros necesarios para las importaciones.
Nada es casual: a comienzos de año el oficialismo había propuesto un Código para regular la Justicia en lo Contencioso Administrativo (sistema similar al que funciona en la Ciudad de Buenos Aires) que se sometería al Poder Legislativo y que finalmente quedó, al menos por ahora, en una impasse conveniente para ambas partes.
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