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Garzón hizo su alegato y espera el fallo que puede terminar con su carrera
Baltasar Garzón camina junto a su abogado durante la última jornada del primer juicio en su contra. Otra vez fue respaldado por una manifestación a las puertas del Tribunal Supremo en Madrid. Según sus defensores, es víctima de una persecución política.
«Asumo todas y cada una de las decisiones. Fueron tomadas reflexivamente en cumplimiento de la más estricta legalidad», afirmó Garzón, tras reiterar que grabar las conversaciones entre los acusados de la llamada «trama Gürtel» (que afecta a antiguos altos funcionarios del Partido Popular) y sus abogados era la única vía posible para evitar que la red corrupta siguiera delinquiendo desde prisión.
Garzón se enfrenta a una pena de entre 10 y 17 años de inhabilitación que pide la acusación formada por los propios abogados de los imputados en la trama, quienes le achacan los delitos de prevaricato y violación de las garantías constitucionales.
Pero el juez, que alcanzó notoriedad internacional en 1998 cuando ordenó detener al dictador chileno Augusto Pinochet, y que instruyó también casos de desaparecidos en la Argentina en virtud del concepto de justicia universal, cuenta con el respaldo de la Fiscalía, que reclama la absolución al considerar que no hubo ningún delito al ordenar las escuchas.
En su turno de última palabra, el juez subrayó que asume todas y cada una de sus decisiones y que no violentó ni lesionó el derecho de defensa de los acusados.
El magistrado, que está suspendido en sus funciones de la Audiencia Nacional desde mayo de 2010, insistió durante los tres días de este juicio en que las grabaciones eran necesarias para evitar que la trama siguiera blanqueando capitales y enviándolos a paraísos fiscales.
La orden de intervenir las comunicaciones entre los cabecillas y los abogados fue otorgada a petición de la Policía, según declaró ayer un mando policial.
Los abogados de la acusación, en su informe final, lanzaron toda suerte de ataques contra Garzón, al calificar de «monstruosa» su actuación y definirlo como «una suerte de Gran Hermano» que todo lo oye.
La expectativa creció al llegar el turno de última palabra de Garzón, que además de reivindicar su inocencia hizo un alegato en favor de la Justicia.
Aplaudido
«Abrir la puerta a una injusticia es dejarla abierta para todas las que le siguen», dijo el magistrado, parafraseando al político alemán Willy Brandt.
El juez Garzón abandonó el Tribunal Supremo entre los aplausos de simpatizantes y funcionarios de su juzgado, después de decir: «Es la hora del Tribunal».
En los próximos días comenzarán las deliberaciones de los siete magistrados que forman la sala, cuya decisión marcará el futuro profesional de Garzón.
Una condena significaría su apartamiento definitivo de la carrera judicial, ya que al ser procesado por el Tribunal Supremo Garzón no tiene posibilidad de apelar.
El juez se enfrentará a otra prueba para su futuro el próximo día 24, cuando comience el juicio contra él por haberse declarado competente para investigar los crímenes del franquismo, un proceso iniciado a raíz de una querella presentada por organizaciones de la ultraderecha. (ver aparte).
La fiscalía decidió actuar contra Garzón al considerar que había ignorado la Ley de Amnistía de 1977, algo que no se contempló en las altas instancias jurídicas españolas cuando el magistrado investigó casos análogos en países de Sudamérica, en los que también regían leyes de perdón.
Destacadas organizaciones de derechos humanos españolas e internacionales, como Hman Rights Watch, Amnistía Internacional o la Comisión Internacional de Juristas se movilizaron en apoyo del magistrado, al igual que la Plataforma de Apoyo a Garzón, formada por diversas asociaciones, artistas, intelectuales y simpatizantes.
Los partidarios de Garzón llamaron a concentrarse ante el Tribunal Supremo el 24, y a manifestarse el domingo 29 por el centro de Madrid en apoyo del juez y en contra de la impunidad de los crímenes y desapariciones del franquismo.
Agencias EFE, DPA y AFP


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