• TRAS ERRORES ESTIVALES SOBRE EL CORREO-GATE Y AVIANCA, CAMBIEMOS BUSCA DESACTIVAR LOS COSTOSOS REGALOS A LA OPOSICIÓN El radicalismo presentó proyectos en Diputados y Senadores para englobar a los tres poderes del Estado. Piden urgencia al Presidente para publicar los dos decretos sobre el tema (insuficientes). Compromiso del PRO para modificar la ley de ética pública que también exige Margarita Stolbizer.
Karina Banfi y Julio Cobos
Después de las polémicas generadas por el denominado "Correo-Gate" y la cuestión "Avianca", errores por los que aún deberá surfear la imagen de transparencia que intenta pincelar Mauricio Macri, el Gobierno acelera un combo de medidas para evitar los conflictos de intereses en los tres poderes del Estado y así cerrar la ventada de hostigamiento que le regaló a la oposición en las últimas semanas, tras los tropiezos oficiales de la temporada estival.
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La batería de medidas que cranean desde Casa Rosada y el Congreso se acoplará a los decretos que prometió -y aún no publicó- Macri el 1 de marzo pasado, durante la apertura de sesiones ordinarias. El empuje principal de esta decisión se da tras fuertes críticas de la oposición ante la posibilidad primigenia de evitar el camino de leyes para suplantarlos sólo por flacos decretos.
El principal problema que tiene este plan se da en Diputados, donde el oficialismo debe al menos lograr la anuencia del Frente Renovador que comanda el serpenteante Sergio Massa, ya en modo opositor full time. El oficialismo dejó de confiar en el tigrense después del abrazo de éste con Máximo Kirchner para aprobar un proyecto opositor de Ganancias que luego frenó el peronismo y los gobernadores -hoy racionales- en el Senado.
Para suavizar al zigzagueante Massa, el oficialismo tenderá una línea con la diputada del GEN Margarita Stolbizer, a través de la presentación de un proyecto para modificar la ley de ética pública. Tras años de inactividad y olvido en el poder central, el kirchnerismo también se cargó este pedido.
En los últimos días se armó un cronograma simple: primero, publicar en el Boletín Oficial los decretos prometidos por Macri el 1 de marzo, que serán insuficientes. De hecho, esa exigencia llevó al radicalismo a impulsar iniciativas de ley en Diputados y en Senadores para englobar a los tres poderes del Estado.
Anteayer, el senador Julio Cobos (UCR-Mendoza) se adelantó y propuso crear vía ley "la figura de la 'Oficina de Conflicto de Intereses' como organismo responsable y autárquico para llevar adelante el análisis, seguimiento, investigación y recomendación de las infracciones y sanciones que correspondan a las actuaciones que se originen a raíz de un posible conflicto de intereses".
Sin embargo, ayer, los diputados radicales Karina Banfi (Buenos Aires) y Mario Negri (Córdoba, jefe del interbloque de Cambiemos) presentaron otra iniciativa que atrapa a al "Presidente y Vicepresidente, ministros, secretarios de Estado, directores y subdirectores; en el caso del Legislativo, diputados y senadores y a los funcionarios de cada cámara; en el caso del Poder Judicial, a magistrados y funcionarios".
Además quedarán "comprendidos los miembros del Ministerio Público, embajadores, síndicos, decanos, interventores federales y miembros de las Fuerzas Armadas, entre otros", y "también habrá conflicto de interés en las situaciones cuando se trate de parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o afinidad, conviviente, así como acreedores y deudores de los sujetos alcanzados".
El proyecto de Cobos fue girado a la Oficina Anticorrupción que comanda la macrista Laura Alonso. En cambio, el de Diputados ya fue revisado y recibió un guiño. Sin embargo, se espera que desde allí parta -como iniciativa del Ejecutivo- las modificaciones a la ley de ética pública.
La batería de leyes comenzarían a discutirse en la comisión de Asuntos Constitucionales que maneja el premium Pablo Tonelli en abril, ya con los decretos publicados. En las últimas horas, Stolbizer dijo que el Gobierno "no tiene competencia para modificar por decreto la actual legislación" referida a los conflictos de intereses, y cuestionó que la Oficina Anticorrupción controle este tipo de incompatibilidades ya que "la autoridad de aplicación de las normas anticorrupción debe ser autónoma del Poder Ejecutivo".
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