Gobierno apeló fallo contra ley de medios

El Gobierno apeló ayer la resolución de la Justicia mendocina que suspendió provisoriamente la aplicación de toda la ley de medios. El escrito, que ya fue elevado a la Cámara Federal de esa provincia, niega por un lado las supuestas irregularidades en el tratamiento legislativo de la nueva norma y discute la decisión de hacer lugar a la acción de amparo presentada por la oposición.

El Ejecutivo presentó también un recurso de queja ante el tribunal de alzada, en que el cuestiona que la apelación presentada haya sido concedida por la jueza federal mendocina Olga Pura de Arrabal con efecto devolutivo en lugar de suspensivo. Esto implica que hasta que la Cámara se expida sobre el planteo del oficialismo, se mantiene en pie la medida cautelar dictada por la magistrada en diciembre pasado, que recién se hizo efectiva la semana pasada. En esta presentación, el Gobierno argumentó que «la decisión respecto de la concesión de efecto devolutivo genera un gravamen irreparable no sólo a esta parte, sino que impide la aplicación de una ley de carácter federal y de orden público, que excede la jurisdicción territorial de la magistrada de grado».

El caso se inició en diciembre pasado, cuando el diputado del Peronismo Federal Enrique Thomas interpuso una acción de amparo en la Justicia mendocina, señalando varias irregularidades en el tratamiento legislativo de Ley 26.522, como que se impidió conocer a los miembros de las comisiones el dictamen de mayoría y que la convocatoria a la sesión extraordinaria en la que se votó la nueva ley de medios se hizo de manera casi inmediata y por eso muchos legisladores no habrían podido estar presentes en la votación.

La magistrada mendocina hizo lugar al planteo del diputado opositor y, a diferencia de otros fallos que suspendieron algunos artículos de la ley -especialmente los que se refieren a los plazos que tienen los medios para adaptarse a la nueva normativa-, dictó una medida cautelar que suspendió la aplicación de toda la ley hasta que se resuelva el fondo de la cuestión.

La apelación del Gobierno responde punto por punto las imputaciones de Thomas e insiste en que la votación de la ley estuvo sujeta al reglamento de la Cámara de Diputados. Sostiene, además, que el legislador no tiene legitimación para iniciar una acción de amparo, según establece el artículo 43 de la Constitución nacional y la jurisprudencia confirmada por la Corte Suprema en el caso «Halabi», y que la decisión de la jueza «es una contundente manifestación de judicialización de lo no judiciable: el proceso de sanción de una ley».

Luego de presentar la apelación, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, minimizó el impacto de la medida, al advertir en declaraciones radiales que ése «es un trámite que no preocupa» al Gobierno y agregó que se siente confiado en que el fallo se revertirá.

El titular del nuevo COMFER apuntó, además, contra la jueza mendocina y resaltó que el fallo tiene «una mirada muy sectorial que favorece a los medios del grupo monopólico».