Gobierno cruzó a Lorenzetti por los fondos de la Corte (réplica y desafíos)

Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda

 Cristina de Kirchner protagonizó ayer un contrapunto con la Corte Suprema de Justicia al señalar supuestas demoras en la cobertura de cargos en juzgados federales en los cuales tramitan causas de narcotráfico. "En lugar de dar tantos discursos contra el narcotráfico, quienes tienen la máxima responsabilidad del Poder Judicial deberían dotar a todos nuestros juzgados federales, limítrofes, y también a los que luchan aquí, en San Martín, y en otras partes, de mayor cantidad de empleados, de mayor cantidad de recursos, de mayor cantidad de elementos para que puedan hacerlo eficazmente", sostuvo en una clara alusión a Ricardo Lorenzetti, que horas antes había reiterado la inquietud del máximo tribunal por el tráfico de drogas.

El Gobierno externalizó así el malestar que por estos días domina la relación con Lorenzetti luego de una serie de sentencias incómodas, entre ellas, la declaración de invalidez del listado de conjueces de la Corte votado por el Senado con mayoría simple. A lo meramente resolutivo se agregó la nueva reelección del justice como presidente de la Corte.

El oficialismo no fue capaz de anticipar ese movimiento (adelantado por Lorenzetti) que eclipsó otros asuntos más rutilantes, como el hecho de que la Corte acepta tratar la presentación de la provincia de Córdoba por los fondos cedidos a la ANSES. La Secretaría de Juicios Originarios -dedicada a los pleitos entre provincias y para con el Estado- acumula múltiples expedientes relacionados con la llamada "deuda interna", cuyo monto es imposible de calcular. La Corte está transformándose en árbitro de un litigio con efectos inquietantes, tanto para la administración actual como para la que vendrá. Y el presidente seguirá siendo Lorenzetti.

Además, en el kirchnerismo la denuncia promovida por Córdoba tiene una tónica áspera, porque es la provincia que gobierna José Manuel de la Sota la que se muestra cerca de Sergio Massa y que tiene llegada directa a la vocalía Juan Carlos Maqueda. El puzzle se completa con que el abogado de la provincia en la Corte es Alberto García Lema, cercano a Eduardo Duhalde. El expresidente fue quien promovió a Maqueda desde la presidencia del Senado hasta la Corte.

El señalamiento de la Presidente sobre los nombramientos en los juzgados toca un nervio sensible, porque es en esa atribución donde reside parte de la capacidad del justice para cerrar filas hacia dentro del Poder Judicial. Todos los nombramientos y contratos de funcionarios en los distintos juzgados precisan de la firma de Lorenzetti, así como los pedidos de licencia. Por ejemplo, hace dos semanas, Norberto Oyarbide montó un pequeño sarao en su juzgado cuando se enteró de que el justice le había concedido licencia para viajar a Armenia a una actividad académica.

A fines de 2014, la Casación Penal federal estaba en llamas en una dura pelea para decidir si Luis María Cabral podía continuar subrogando en su despacho, a pesar de que su suplencia no se ajustaba al reglamento. Cabral, que entonces era jefe del gremio de jueces, logró permanecer, y para esto fueron cruciales los apoyos de los camaristas Eduardo Riggi y Liliana Catucci. Tras avalar la subrogancia, ambos recibieron contratos desde la Corte para incrementar el staff de sus despachos. En cambio, el camarista Juan Carlos Gemignani se opuso férreamente a Cabral y embistió contra el juez por supuestas demoras en su sala. Tiempo más tarde, Gemignani sería el único camarista de la Casación en cuya vocalía se demoró la renovación de los contratos de todos sus funcionarios. La cuestión se zanjó tras una visita del juez al cuarto piso.

El discurso de la Presidente siguió ayer la misma línea de los funcionarios de su entorno directo que están interesados en una reforma que traspase el control de esas atribuciones de la Corte al Consejo de la Magistratura. De ese modo, el kirchnerismo duro querría usar la letra de la Constitución, concretamente la de la reforma de 1994, para replicar a la propia Corte.

Los defensores de esta iniciativa aspiran a un escenario en el cual la reforma se transforme en una prenda de negociación en un año electoral. Es el mismo esquema de la reforma procesal penal que el kirchnerimo utilizó con los jueces de Comodoro Py (quedaron excluidos de la etapa inicial de la implementación del sistema acusatorio) para suavizar un escenario que en diciembre era traumático.

Por cierto: el gremio de empleados judiciales que controla Julio Piumato (enfilado en la CGT de Hugo Moyano) desarrollará hoy su tercer paro en rechazo a esa reforma en el fuero penal ordinario. Una escalada que por ahora no da signos de agotarse y que instala casi a diario la idea de que el Gobierno aspira a lograr decenas de nombramientos mientras no se decide el destino de los empleados de los juzgados.