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Gobierno defiende subas impositivas en Buenos Aires
La iniciativa -que ingresó por el Senado la noche del martes- prevé aumentos en los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario Rural.
Desde la vereda oficialista, el director de Arba, Martín Di Bella, sostuvo que las adecuaciones impositivas «constituyen un avance en términos de equidad tributaria para la provincia», ya que focalizan la carga fiscal «en ciertos sectores económicos de alto poder contributivo, pero sin afectar a los pequeños contribuyentes ni a los segmentos más vulnerables de la sociedad».
«Es lógico que quienes fueron grandes beneficiarios del modelo de desarrollo inclusivo llevado adelante por Nación y la Provincia contribuyan para consolidar este camino de crecimiento», agregó.
En esa línea, Di Bella enfatizó, respecto del reajuste en las parcelas rurales, que «la valuación fiscal de la tierra está muy lejos de la realidad, y actualizar esos valores es indispensable para que el impuesto tenga un carácter verdaderamente equitativo y progresivo».
De acuerdo a los técnicos de Arba, hoy en día la valuación fiscal promedio de una hectárea representa sólo el 10% del valor de mercado.
En ese marco, el ministro de Asuntos Agrarios, Gustavo Arrieta, y su par de Economía, Silvina Batakis, visitaron ayer la sede de la entidad cooperativista Coninagro para analizar el nuevo escenario tributario, entre otros ejes.
Por su parte, la titular de la Comisión de Presupuesto e Impuesto del Senado bonaerense, Nora de Lucía, aseguró ayer que, en lo que respecta a Ingresos Brutos, «es una reforma que es selectiva, ya que mantiene la alícuota para los comerciantes que facturan menos de un millón de pesos y se va incrementando en medio punto porcentual en los distintos tramos de la escala».
A su vez, explicó que «en cuanto a los servicios, se incrementa la alícuota en las facturaciones mayores a 30 millones de pesos, sin modificar las menores a ella».
En paralelo, De Lucía remarcó que «con la reforma en el Inmobiliario Rural se logra mejorar la progresividad para la imposición patrimonial, fijándose nuevos valores óptimos para la tierra libre de mejoras».
«Es importante entender que el 62% de las partidas rurales mantienen o bajarían el impuesto», sostuvo.
Con respecto a las cooperativas, la legisladora señaló que «se propicia gravar sólo las ventas minoristas en la búsqueda de un punto de equidad, ya que el comercio minorista compite con ellas y abona el total de Ingresos Brutos». «Igualmente se le reconoce un tratamiento especial por su condición de cooperativas, aplicándole el 70% de lo que le correspondería a un contribuyente común», agregó.
En tanto, De Lucía confirmó que «con respecto a Sellos hay un incremento en las alícuotas generales en un 20% promedio», mientras que en lo atinente al servicio de cable, aclaró que «se elimina la exención de Ingresos Brutos a las empresas de televisión por cable, pero esto no se traslada a los consumidores, por lo cual parece atinada la propuesta de gravar el servicio con una alícuota del 2%».
Conocida la letra chica del proyecto, se vieron las primeras reacciones de la oposición.
«Que no suba impuestos, que le pida a Cristina lo que le corresponde a la provincia», disparó por caso el diputado provincial del Pro-Peronismo, Gustavo Ferri, sobre la base de que «la provincia es la que más pone y es la que menos recibe en términos de coparticipación».
«No puede seguir tirando de la parte más débil de la soga», remarcó.
Desde el ámbito del agro, en tanto, el titular de CARBAP, Alberto Frola, advirtió que el incremento del Impuesto Inmobiliario Rural -del 40% promedio- «afectará» a los productores agropecuarios.
Según el dirigente ruralista, «no es momento» para avanzar con esa estrategia, sobre todo teniendo en cuenta -dijo- que «hay 70 municipios en emergencia agropecuaria». «Estamos para contribuir, pero no para pagar el despilfarro», resaltó.
Por su parte, el intendente de Pergamino, Héctor Gutiérrez, enfatizó que el paquete de incrementos impositivos forma parte de «decisiones del gobernador que no puede endilgarnos a los municipios».
«Hubiera sido razonable si hubiera podido hacer algún ejercicio de reducción de gastos superfluos para amortizar los $ 900 millones», pero en cambio «va por una mayor presión impositiva que excede esos 900 millones, va a 1.500 millones, y para eso utiliza el argumento de la coparticipación», remarcó.
Gutiérrez hizo referencia así a la inesperada merma en la coparticipación respecto de los niveles esperados a fin de 2011, producto de la reinstauración de un fondo educativo nacional, que representa $ 900 millones menos para las comunas.
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