15 de noviembre 2017 - 00:08

Gobierno estrena versión propia para Consejo de la Magistratura

• PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE CONSENSO IMPULSADO POR LOS ABOGADOS Y CON RETOQUES DE CASA ROSADA
Pasará a tener 16 miembros con mayor representación de jueces y de abogados que en total ganan 3 bancas. Su aprobación evitará fallo de Corte que devuelva al formato de 20 miembros. Recién tendrá vigencia a fin de 2018.

Anticipo. Ámbito Financiero adelantó el 5 de septiembre de 2017 que avanzaba un proyecto presentado por los abogados para reforma del Consejo de la Magistratura.
Anticipo. Ámbito Financiero adelantó el 5 de septiembre de 2017 que avanzaba un proyecto presentado por los abogados para reforma del Consejo de la Magistratura.
El Gobierno puso oficialmente en marcha el "modelo Cambiemos" de Consejo de la Magistratura con el que planea reformar el órgano de selección y remoción de jueces para darle su propia impronta, en un intento repetido por cada una de las administraciones que ocuparon la Casa Rosada. Pero, a diferencia de proyectos anteriores, como adelantó en exclusiva Ámbito Financiero, la iniciativa formalizada contiene un formato propuesto por la abogacía, estamento que logró frenar judicialmente los últimos dos intentos en los últimos años. La idea del Ejecutivo es apurar en el Congreso su aprobación para evitar que la Corte Suprema tenga que dar de baja el actual esquema del Consejo y regresar a la integración de 20 miembros.

Según su redacción final, el proyecto propone 16 miembros en total: 4 jueces elegidos por Sistema D´Hont entre camaristas e instrucción, dos de los cuales deberán ser necesariamente del fuero federal, lo que hace sonreir a la "Superliga" de jueces federales con epicentro en Comodoro Py, que como mucho aspiraba a disputar una banca con la Asociación de Magistrados. Con la suma de una banca para los jueces, se impone el requisito de que haya representación de los federales del interior del país.

En el estamento político serán 6 los "legisladores o representantes del Poder Legislativo" lo que modifica en parte la intención inicial de que ya no hubiera diputados y senadores utilizando como atril político el Consejo, sino que hubiera una representación técnica del estamento. Con esta redacción deja librado a cada bloque la propuesta de un diputado, senador o representante, dos por la mayoría y uno por la minoría de cada Cámara. El representante no podrá ser legislador ni funcionario de la administración pública.

Los abogados tendrán 4 bancas, dos de las cuales serán por la matrícula porteña, con lo que el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (CPACF) amplía su representación, además de haber sido uno de los impulsores de la propuesta de reforma. Aumentan en proporción los jueces (1) y los abogados (2), mientras que se mantiene la cantidad de miembros de origen académico (1) y en representación del Poder Ejecutivo (1). Se desechó así la posibilidad de que haya un miembro de la Corte (que no sea el presidente) en el sillón principal del Consejo. El volantazo fue pulido por el Gobierno a último momento, que visualizó la forma de obturar que el máximo Tribunal pudiera extender su poder a un órgano tan sensible. Todos durarán cuatro años en el cargo con una reelección consecutiva y (obviamente) deberán ser abogados.

Ninguno de los postulantes podrá registrar condenas por delitos dolosos en los últimos 20 años ni otras condenas o sanciones en la última década. Uno de los agregados finales al borrador fue la facultad al plenario de consejeros para reclutar personal profesional y auditar a tribunales inferiores (algo que ya había impulsado y que causó gran cimbronazo entre los jueces) y fijar además parámetros de "productividad", en una especie de look&feel basado en la experiencia de los usuarios del servicio de administración de justicia.

Basados en la experiencia del caso del camarista Eduardo Freiler, establecieron que la decisión de abrir un proceso de jury no es susceptible ser cuestionada judicialmente. El texto deja explícitas las atribuciones del Congreso para remover a sus miembros, organización de concursos, tratamiento de aspectos disciplinarios de los jueces y sanciones, solamente aplicables por la mitad más uno de los votos. Instauran también su propio sistema de ingresos de personal bajo un sistema de reclutamiento de perfiles universitarios de mejor promedio.

Abrirán a publicidad los expedientes disciplinarios y se podrá convocar a una reunión especial con el voto de 9 de los miembros, mismo número requerido para el quórum solicitado para que exista sesión plenaria. Las comisiones quedarán divididas en cuatro grupos con 9 integrantes cada una, con mayor peso de magistrados y abogados: Selección y Escuela Judicial; Disciplina y Acusación; Administración Financiera y Reglamentación. Entre las sanciones, se incorporan los apercibimientos por conductas reiteradas en cuanto a su eficacia y comportamiento individual. Aspectos vinculados al trato con empleados, abogados y personal pasarán a estar bajo la lupa, lo mismo que inasistencias. El jury de enjuiciamiento lo integrarán 7 personas: 2 jueces, 2 abogados y 3 legisladores. Todos los cambios se harán efectivos recién dentro de un año, cuando en noviembre de 2018 venzan los actuales mandatos.

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