Gobierno intenta descongelar la ley de medios

El Gobierno apelará este miércoles el fallo de la Cámara Federal de Mendoza, que confirmó la suspensión de la nueva ley de medios. Al filo del comienzo de la Semana Santa, el Ejecutivo presentará un nuevo escrito para que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia, nuevamente en el incómodo lugar de expedirse sobre los temas espinosos que no pueden resolver en el Congreso el oficialismo y la oposición.

La apelación del Gobierno se basaría en la gravedad institucional del caso para que el máximo tribunal haga lugar a la medida, así como insistirá con el argumento de que la sanción de la ley no es materia judiciable, como ya había expresado en el recurso que presentó ante la Cámara mendocina.

El fallo del tribunal de alzada, que confirmó la decisión de la jueza Olga Pura de Arrabal de suspender la nueva normativa por presuntas irregularidades en su tratamiento parlamentario, se conoció el jueves pasado y generó otra controversia entre el Gobierno y la Justicia. Mientras que el oficialismo salió a atacar la resolución, uno de los integrantes de la Cámara, Otilio Roque Romano, denunció supuestas presiones de organismos de Derechos Humanos -a través de una denuncia en su contra ante el Consejo de la Magistratura por supuestos vínculos con crímenes de lesa humanidad- e incluso una presunta operación en su casa de un grupo comando que se habría limitado a robar documentación.

Por su parte, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Gabriel Mariotto, aseguró en declaraciones radiales que «el fallo responde a una interpretación caprichosa y funcional a los intereses concentrados» y subrayó que la resolución de la Cámara inmoviliza la aplicación de una promulgada en octubre de 2009. En este punto, la abogada del nuevo organismo creado para administrar los servicios de comunicación, Graciana Peñafort, resaltó que «suspender toda una ley es un antecedente nunca visto» y criticó una vez más a los camaristas mendocinos.

El amparo iniciado por el diputado peronista cobista Enrique Thomas, en diciembre pasado, llegará así al máximo tribunal, si el Cámara hace lugar a la apelación por recurso extraordinario. La jurisprudencia de la Corte indica que en general se rechaza el análisis de medidas cautelares, hasta que no se resuelva la cuestión de fondo del amparo en primera y segunda instancia. Esto implicaría que la ley se mantendría suspendida por meses, lo que complica seriamente los planes del Gobierno y su relación con los medios de comunicación. Más todavía a medida que vayan subiendo las tensiones del año preelectoral.