Gobierno ya prepara rechazo en Justicia contra norma porteña

Carlos Zannini y Ricardo Lorenzetti

El Gobierno esbozaba ayer posibles respuestas al decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Mauricio Macri que busca poner en funciones un nuevo tribunal para tratar cuestiones relacionadas con la libertad de expresión.

El DNU anunciado por el jefe de Gobierno, que será avalado por la Legislatura (aunque ya tiene vigencia), circuló durante toda la jornada de mano en mano entre los letrados del oficialismo con el objetivo de detectar puntos flojos y comenzar a planificar la judicialización del reclamo.

Un litigio inminente que anoche también se conversaba en la Procuración de la Ciudad de Buenos Aires.

Para los abogados de la Jefatura de Gabinete nacional la conclusión fue unánime: el DNU es correcto en lo técnico y en su estructura de jurisprudencia (en especial, las menciones a los pactos internacionales), pero no resiste filtros de constitucionalismo. Detalles técnicos que cobraran importancia si se considera que la carta magna no contempla la creación de fueros especiales. Un dato que ayer también escuchó Carlos Zannini.

El ejemplo habitual es que las causas de Derechos Humanos no tengan fuero propio y tramiten en el Penal Correccional.

Al mismo tiempo, los letrados del oficialismo entienden que un reclamo sobre el accionar del Estado respecto de una empresa es de trámite federal, no de la Justicia porteña a pesar de que éstas se encuentren domiciliadas en ese distrito.

Anoche, los abogados recomendaban embestir contra la norma cuando ésta sea ya refrendada por la Legislatura porteña (ver nota aparte). Ocurre que en el kirchnerismo adquiere fuerza la tesis de que el DNU podría ver complicada su votación en la Legislatura.

Cualquiera sea el caso, la demanda por inconstitucionalidad será un hecho y deberá tramitar en el fuero Contencioso Administrativo de la Ciudad de Buenos Aires.

A partir de allí, el periplo será interesante. Si bien un juez de primera instancia podría dictar una medida de inconstitucionalidad, lo más probable sería que éste se desentienda y despache los planteos hacia el Tribunal Superior de Justicia de la Capital Federal.

El acceso a esta instancia es más veloz en la Ciudad ya que el tribunal actúa como un control de constitucionalidad, similar al sistema legal europeo.

La Corte porteña es presidida por Luis Francisco Lozano, un juez de buena sintonía con el radicalismo y que actualmente preside la Junta que agrupa a los miembros de las cortes supremas de las provincias.

De buen trato con Ricardo Lorenzetti, durante su presidencia no ha protagonizado grandes disputas con la administración del PRO.

La polémica, sin embargo, llegará en sintonía con las aspiraciones del macrismo de completar la última vacante del TSJ, un cargo para el cual propone a la camarista del fuero Contencioso Inés Weinberg de Roca.