30 de junio 2015 - 00:00

Guerra de taxis: detienen a dos directivos de Uber

 París - Se agravó "la guerra de los taxis" en Francia: la Justicia pasó al ataque contra Uber France, cuyos directivos fueron puestos ayer bajo custodia judicial mientras son interrogados, en el marco de la investigación sobre la "App" de la discordia, la UberPop, declarada ilegal.

Uber France, bajo ataque desde hace semanas y ahora también amenazados sus conductores, ha confirmado que su director general, Thibaud Simphal, fue interrogado, como también el responsable para Europa Occidental de la marca de origen californiana, Pierre-Dimitri Gore Coty.

La investigación se inició en noviembre de 2014 y puso en la mira la aplicación UberPop, que se conecta a través de un teléfono inteligente con aquellos pasajeros necesitados de un taxi, que se organizan para el transporte a través de París y otras ciudades francesas.

Todo el sistema funciona sin pagar impuestos al Estado, lo que enfurece a los taxistas habilitados que denuncian una competencia desleal. La semana pasada, cientos de taxistas oficialmente habilitados cuyo vehículos son reconocidos por el color amarillo realizaron manifestaciones en varias ciudades, y en algunos casos se registraron hechos de violencia.

El Gobierno, al tiempo que condenó estos episodios, reiteró su intención de cerrar UberPop. Incluso, el presidente François Hollande afirmó públicamente que UberPop debe "disolverse" y que sus automóviles deben ser secuestrados, porque es una "organización que no respeta las reglas" en materia social y fiscal, un hecho "inaceptable" -añadió-, "intolerable".

UberPop asegura que posee 400.000 usuarios en Francia, donde los taxistas son pocos, pero muy poderosos y celosos de su monopolio. La organización reconoce que los conductores privados no pagan contribuciones o impuestos a la seguridad social. Y ni siquiera, tampoco cumplieron con las 250 horas de formación obligatoria para guiar un vehículo destinado al transporte público.

En virtud de una ley aprobada en 2014, los conductores no registrados enfrentan oficialmente hasta un año de prisión y una multa de 15.000 euros, con suspensión de la licencia para manejar y la incautación del vehículo.

Uber también está protagonizando su propia batalla mediante la presentación de recursos contra Francia en la Comisión Europea, para conseguir la anulación de esas normas.

Agencia Ansa

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