Guiño a proyecto anti monopolio de Carrió-Negri

Durante la exposición que realizó ayer en el Senado, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, pidió "celeridad" a la ley de defensa de la competencia que presentaron meses atrás en Diputados el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri (UCR), y la referente de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

"Que nadie crea que seremos tolerantes con aquellas empresas que se quieran poner por encima de la Justicia. No vamos a tener la arbitrariedad ni seremos matones como algunos han sido, pero fortaleceremos la defensa de la competencia, los controles ambientales y combatiremos la evasión impositiva y previsional". La frase pertenece a Mauricio Macri cuando dio inicio, el 1 de marzo de 2016, al período de sesiones ordinarias en el Congreso.

Después de 19 meses, Peña espera que se vote antes de fin de año una ley que prohíbe los acuerdos entre competidores o todo tipo de conducta que tenga por objeto o efecto limitar, restringir, falsear o distorsionar la competencia o el acceso al mercado, o que constituyan abuso de una posición dominante en un mercado, de modo que pueda resultar perjuicio para el interés económico general.

Cuando se quiera realizar una concentración económica donde la suma del volumen de negocio total del conjunto de empresas afectadas supere en el país la suma equivalente a 150.000.000 de Unidades Móviles -inicialmente cada unidad móvil valdrá, $15 y se actualizará anualmente de acuerdo al índice inflacionario-, se deberá notificar previamente a la Autoridad Nacional de la Competencia (para que ésta la autorice), que será un organismo descentralizado y autárquico en el ámbito del PEN. Tendrá su sede en la CABA pero podrá actuar, constituirse y sesionar en cualquier lugar del país mediante delegados, como instructores que podrán ser funcionarios nacionales, provinciales o municipales.

Dentro del organismo funcionarán el Tribunal de Defensa de la Competencia, la Secretaría de Instrucción de Conductas y la Secretaría de Concentraciones Económicas. Según el proyecto, el Ejecutivo designará a los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia, quienes tendrán un mandato de cinco años -es decir, hasta 2022 si se sanciona la ley en el período actual-, previo concurso público de antecedentes y oposición.

En cuanto a las sanciones la iniciativa deja en claro, por ejemplo, que quienes realicen acuerdos prohibidos o abuso de posición dominante serán sancionados con una multa de hasta el 30% del volumen de negocios asociado a los productos o servicios involucrados en el acto ilícito cometido, durante el último ejercicio económico, multiplicado por el número de años de duración de dicho acto, monto que no podrá exceder el 30% del volumen de negocios consolidado a nivel nacional registrado por el grupo económico al que pertenezcan los infractores.

Cuando se verifiquen actos que constituyan abuso de posición dominante, o cuando se constate que se ha adquirido o consolidado una posición monopólica u oligopólica en violación de las disposiciones la ley, la Autoridad podrá imponer el cumplimiento de condiciones que apunten a neutralizar los aspectos distorsivos sobre la competencia o solicitar al juez competente que las empresas infractoras sean disueltas, liquidadas, desconcentradas o divididas.

Además, el Tribunal de Defensa de la Competencia podrá incluir la suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado a los responsables por hasta cinco años, y si la infracción es realizada en licitaciones públicas, la exclusión podrá ser de hasta ocho años. Otro capítulo del proyecto establece un régimen de clemencia.

Por otra parte, las acciones que surjan de las infracciones previstas en el proyecto prescriben a los 5 años desde que se cometieron las mismas. También se permitirá un "Defensor Adjunto de la Competencia y los Consumidores" que deberá ser designado por el Defensor del Pueblo. Este último cargo debe surgir del Congreso y está vacante desde 2009. El cristinismo nunca se interesó y ahora, el macrismo no logra consenso con la oposición.