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Harán el 28-10 audiencia por aumentos en Edenor y Edesur
El evento también permitirá validar los ajustes aplicados desde el 1 de febrero. En tanto, no hay plan de debate público sobre el precio mayorista de la energía que tiene efecto en todo el país.
Así, a menos de una semana de que terminara la audiencia por las tarifas de gas, el Gobierno decidió avanzar con la discusión de nuevos aumentos para Edenor y Edesur, al tiempo que busca validar los concretados a partir del 1 de febrero.
En ese sentido, la Corte Suprema decidió no confirmar la cautelar de la Cámara Federal de La Plata que suspendió por tres meses desde el 7 de julio las subas de Edenor y Edesur en el Gran Buenos Aires, pero igual quedó abierta la posibilidad de un fallo similar al de las tarifas de gas. Es decir, la obligación de informar y consultar en audiencia pública los aumentos en los servicios públicos esenciales.
La convocatoria del 28 de octubre apunta a cumplir ese requisito y plantear además un sendero de ajustes para los próximos cinco años. Lo que no resuelve es la cuestión del precio mayorista de la energía eléctrica que , como el del gas en boca de pozo, actualmente es fijado por Poder Ejecutivo para todo el país y no por el libre juego de la oferta y la demanda.
En principio, el proyecto del Gobierno era ajustar el precio mayorista en mayo y noviembre, con posibilidad de efectuar cambios en agosto y febrero, pero esa iniciativa se frenó por la proliferación de causas judiciales por las subas en el gas y las críticas recibidas por los tarifazos. Ahora no queda claro si va a volver al plan original o si también llamará a audiencia por esta cuestión para evitarse otro fallo adverso de la Corte.
Revisión integral
También en los primeros meses del año el proyecto del ministro Juan José Aranguren era tratar antes de fin de año lo que se llama revisión tarifaria integral de las distribuidoras y transportistas de gas y electricidad. Se presume ahora que las del gas quedarán para enero o febrero para no acumular una seguidilla de nuevas subas.
En la audiencia por la revisión tarifaria integral (o RTI como se la denomina), son las empresas las que presentan sus propuestas que incluyen ajustes de tarifas y planes de inversión o metas de calidad de servicio a cumplir, las mismas que ya anticiparon Edenor y Edesur ante el ENRE hace dos semanas. Pero los representantes del ente regulador se pronuncian a posteriori de la consulta pública presuntamente sintetizando lo pedido por las prestadoras y las opiniones de entidades de consumidores.
Una RTI implica fijar tarifas para un plazo de 5 años, aunque en este caso tras varios años de congelamiento se supone que se fijará un sendero para sucesivas adecuaciones en función de una fórmula que reconozca además mayores costos por la inflación, los aumentos en los salarios o la variación en el tipo de cambio.
Las distribuidoras Edenor y Edesur deberán dar cuenta de todo lo que quedó a cuenta de la RTI desde 2001, incluyendo los ingresos que percibieron por subsidio directo del Estado o a través de los castigos a los consumidores por no ahorrar energía con el PUREE, o por multas que no se pagaron.
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