Heridas de 2012 alimentarán el mal humor en el Congreso

Federico Pinedo, Carlos Kunkel, Elisa Carrió y Claudio Lozano.

El año 2012 fue prolífico para el Congreso, o por lo menos para los proyectos pedidos por el Gobierno. No puede decirse que el ritmo de sesiones, debates y votaciones haya superado los magros ranking anteriores, pero el Poder Ejecutivo se llevó todo lo que pidió. En ese tren, el Congreso se movió sobre la base de una decena de temas pedidos por la Casa Rosada y que reflejaron cada una de las políticas que ésta articuló para sus batallas: la reforma del mercado de capitales, la reglamentación del «per saltum», el voto para los menores de 16 años y la unificación y reforma del Código Civil y del Comercial. A eso deben sumarse la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que liberó el límite de préstamos al Tesoro (especialmente con una modificación de último momento que no había sido discutida), la ley de expropiación del 51% de las acciones de YPF en poder de la española Repsol, la nueva ley de ART, la quita de los depósitos judiciales al Banco Ciudad para transferírselos al Nación (clásica «vendetta» elaborada por Diana Conti y Carlos Kunkel ante el rechazo de Mauricio Macri a hacerse cargo de la red de subterráneos) y la ley que estableció ese traspaso en contra de la voluntad del PRO.

Algunos de esos temas, además de los conflictos en el debate, dejaron heridas dentro y fuera del kirchnerismo que alimentarán el mal humor entre bloques en 2013.

Además, no puede olvidarse que el próximo año será de recambio legislativo y, aunque normalmente el parate en los recintos es menor que el que se pronostica por las campañas, hay un hecho que marcará las relaciones entre el kirchnerismo y el resto: del resultado de la legislativa muchos hacen depender cualquier intención última del kirchnerismo de avanzar con un intento final por tantear la reforma constitucional. Hoy ese proceso parece imposible, como lo parece también que el kirchnerismo, con disidencias internas incluidas, logre llegar tras la elección a los dos tercios de los miembros presentes en cada Cámara para poder aprobar una ley que declare la necesidad de la reforma. De todas formas, todo tanteo o declaración que se haga, ya sea en el interés real del oficialismo de avanzar por ese camino o bien para mantener la expectativa sobre el mandato presidencial hasta último momento, terminará complicando el ambiente en 2013.

El Gobierno ya pidió que Diputados esté alerta para comenzar a sesionar quizás en la segunda quincena de febrero. Esto implica que puede haber sesiones extraordinarias. El tema apuntado allí es la posible reapertura del canje de deuda, que se daría en paralelo a la negociación con los holdouts en Nueva York, que en lo formal se reiniciará con la audiencia del 27 de febrero convocada en el fallo de la Cámara de Apelaciones que suspendió la decisión de Thomas Griesa de apurar un pago de u$s 1.330 millones para el 15 de diciembre para los bonistas que quedaron fuera del canje.

El Congreso volverá con esa agenda y el recuerdo de algunas guerras, varias de ellas absolutamente evitables pero que terminaron de quebrar la confianza entre el oficialismo y la oposición.

La nueva Ley del Mercado de Capitales, por ejemplo, comenzó a debatirse con el apoyo de casi toda la oposición. De hecho, en Diputados el radicalismo la votó a favor en general y luego cuestionó artículos en particular.

Pero como sucedió con la inclusión de un artículo sorpresa en la reforma a la Carta Orgánica del BCRA, que permitió extender los préstamos a otro «10% de los recursos en efectivo que el Gobierno nacional haya obtenido en los últimos 12 meses» (cuando ya existían dos límites similares para calcular la capacidad prestable), en este caso también hubo una inclusión de último momento sin haber notificado a la oposición.

Así, Roberto Feletti anunció a último momento que entre las facultades de la CNV se incluiría la de «designar veedores con capacidad de veto de las resoluciones adoptadas por los Órganos de Administración de la entidad en cuestión, cuyas disposiciones serán recurribles en única instancia ante el Presidente de la Comisión» y «separar a los Órganos de Administración de la entidad en cuestión por un plazo máximo de 180 días hasta regularizar las deficiencias encontradas. Esta última medida será recurrible en única instancia ante el ministro de Economía y Finanzas Públicas». Todo cuando a su parecer se estuvieran vulnerando los derechos de los accionistas minoritarios. Con esa decisión se complicó todo el humor para el fin de año y, de hecho, el debate de esa ley en el Senado terminó en un escándalo con denuncias entre las bancas.

De todo el menú que se vio en el Congreso en 2012, el menos conflictivo fue obviamente el de los códigos. Tras un debate que parece ya una gira de campaña por todo el país, ese proyecto será el que acompañará la rutina legislativa de buena parte de 2013. No es seguro, entonces, que las modificaciones que se introducirán al proyecto oficial (el que por otra parte introdujo fuertes cambios al anteproyecto que había elaborado la comisión presidida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti), vayan a tener una rápida votación cuando el Congreso vuelva a sesiones ordinarias a partir del 1 de marzo.

Ese debate, además, pareció complicarse a medida que avanzaban los cruces entre el Gobierno, la Justicia y el Grupo Clarín por la aplicación del artículo 161 de la ley de medios. La reforma salió de la comisión especial integrada por Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci. Ese trío planteó una reforma que presentó ante la Casa Rosada. Un mes después, Cristina de Kirchner la giró al Congreso en forma de proyecto y «sugiriendo» que se conformara una comisión bicameral especial para analizar una modificación tan extensa como ésa en forma unificada entre el Senado y Diputados. Y le puso plazo: en 90 días debía haber dictamen.

No sólo eso no sucedió, ya que la bicameral comenzó a girar por el país realizando audiencias públicas para debatir el nuevo Código, sino que con el paso del tiempo comenzaron a detectarse importantes diferencias entre los artículos que redactó la comisión de juristas y los que se presentaron en el Congreso.

Pero el punto que más debate generó y que será centro de las disputas en el Congreso sobre este tema en 2013 son los cambios que la Presidente le introdujo a lo elaborado por Lorenzetti.

El presidente de la Corte mantuvo en estos meses una actitud conciliadora con esas reformas, recordando en todo momento que el Poder Ejecutivo siempre se guardó la opción de tomar caminos alternativos a los propuestos por la comisión especial para la unificación de códigos.

Ahora, con el claro alejamiento entre el Gobierno y de la Corte Suprema, el escenario puede ser otro, por ejemplo, sobre la eliminación que hizo el Ejecutivo del capítulo completo que legislaba sobre la responsabilidad civil del Estado. Esto es, la responsabilidad patrimonial imputable a éste por hechos, decisiones u omisiones de los funcionarios que pudieran perjudicar a un particular. El kirchnerismo creyó que ese tema debía quedar para un tratamiento aparte en el futuro.

Otra diferencia clave y que tendrá efectos prácticos en las conductas contractuales de los ciudadanos está en la marcha atrás que se da con el sistema bimonetario que estableció la Ley de Convertibilidad en el Gobierno de Carlos Menem. El proyecto establece que una obligación estipulada en moneda extranjera se transforma en una obligación de dar cosas que puede cancelarse en moneda de curso legal, es decir, en pesos.

El artículo 765 explica que «la obligación es de dar dinero si el deudor debe cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de la constitución de la obligación. Si, por el acto por el que se ha constituido la obligación, se estipuló dar moneda que no sea de curso legal en la República, la obligación debe considerarse como de dar cantidades de cosas y el deudor podrá liberarse dando el equivalente en moneda de curso legal».

En tanto, el artículo 766 sostiene que «el deudor debe entregar la cantidad correspondiente de la especie designada».

No es lo que Lorenzetti, Highton de Nolasco y Kemelmajer escribieron en el proyecto, cuando decidieron mantener la posibilidad de celebrar contratos en dólares y que éstos fueran cancelados exclusivamente en dólar billete si así quedaba establecido en el acuerdo.

En un año electoral quedarán atrás otras peleas que debió enfrentar el Congreso en 2012. Una de ellas, el rechazo al pliego de Daniel Reposo como nuevo procurador general de la Nación, terminó confirmándose como una de las pocas derrotas del Gobierno en el Congreso este año. Quizás fue poca la capacidad de maniobrar cuando no se tienen votos, o el ímpetu por cumplir con un pedido de la Casa Rosada, pero lo cierto es que el kirchnerismo podría haber evitado ese mal paso si hubiera calculado que para nombrar al reemplazo de Esteban Righi, renunciado en la Procuración tras la denuncia de Amado Boudou, el oficialismo debía reunir los dos tercios de los votos, número que el Gobierno difícilmente pueda reunir en el Senado. Por el contrario, el acuerdo a Alejandra Gils Carbó pasó casi sin trámite.