Imputación sin destino y nueva ley refuerzan estrategia de la mayoría

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Ajenos a las críticas, los tres jueces celebraron correctivo parlamentario y relativizaron acusación penal en su contra. Querella oficial renegó del fallo.

El fiscal federal Guillermo Marijuan abrió la puerta para que los jueces de la Corte Suprema que votaron por avalar la aplicación del 2x1 para represores sean investigados penalmente por dictar esa sentencia. A instancias de la denuncia del abogado y exlegislador, Marcelo Parrilli, imputó a Elena Highton de Nolasco, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por el supuesto delito de prevaricato, que implica la resolución de una cuestión contraria a derecho, a sabiendas de que es arbitrario e injusto. En lo concreto el fiscal le pasó rápido el hierro caliente al juez Daniel Rafecas cuyo primer movimiento será establecer si existe un delito en ese pronunciamiento o si es imposible juzgar una decisión de ese calibre adoptada por la mayoría de la Corte. Con pocas chances de prosperar, la situación es de por sí inédita y se inscribe en un cúmulo de reacciones adversas al fallo, cuyo pico será una masiva movilización hoy frente al Palacio de Tribunales.

Cauto y con alusión explícita a parte de las ideas fuerza expresadas por el presidente del máximo Tribunal, Ricardo Lorenzetti que sentó como mantra que el juzgamiento de delitos de lesa humanidad era parte del "contrato social de los argentinos", Marijuan requirió la investigación del caso. Pero agregó que ante la "investidura" de los ministros de la Corte, recomendaba informarles sobre el "legajo" en su contra para habilitar cualquier descargo espontáneo. No lo habrá. En el cuarto piso del Palacio interpretaron la jugada en clave política y no judicial. Rafecas anunció que se tomará unos días para evaluar el expediente, sin descartar la desestimación como uno de los caminos posibles. "Es una situación muy delicada desde el punto de vista institucional", reconoció.

"La solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de Estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos", precisó Marijuan. Pidió como prueba todo el expediente del caso, lo que avienta cualquier riesgo de que el tema prospere por la fundamentación jurídica que envuelve a todo el procedimiento. Desde la decisión del Tribunal Oral Federal, pasando por Casación y terminando en la Corte. Son hechos palmarios de arbitrariedad los que alimentan el prevaricato.

Solo ayer, la rebelión de los tribunales orales se plasmó en rechazos en Mendoza y San Juan para aplicar el beneficio. La sala IV de Casación con la firma de los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Carlos Gemignani confirmó la preventiva a Luciano Benjamín Menendez, sin los atenuantes del 2x1 que había pedido la defensa. Los fiscales se están recostando en el criterio del Ministerio Público Fiscal para denegar solicitudes.

Mientras tanto, en el cuarto piso continúan ajenos a los efectos desatados por su decisión, tal como informó Ámbito Financiero. Celebran la reacción legislativa que obligará a consensuar un proyecto que impida, lo que entienden como un vacío legislativo, que quedó expresado en el voto de la mayoría. La redacción del proyecto que avalaron Rosenkrantz y Highton se apoyó en un diseño de Federico Morgenstern, autor del libro "Cosa juzgada írrita". Secretario letrado en la faceta penal de Rosenkrantz, el jurista es resistido en Comodoro Py, donde cosechó enemistades cuando estuvo bajo el cobijo del camarista Martín Irurzun. Por esto en tribunales le adjudicaron la responsabilidad de haber ingresado en el espinoso tema de los "delitos permanentes", lo que complejizó las interpretaciones y obligó al Poder Ejecutivo a sacar de apuro un proyecto antídoto de los efectos colaterales del fallo.

"Si va a salir una ley es porque la ley faltó antes", remató la aliada de Cambiemos, Elisa Carrió, en un highlight compartido por la mayoría de los supremos, que entendieron una derivación positiva de fallo. "Hay un error legislativo", justificó la chaqueña el voto de la mayoría, en lo que en la Corte celebraron como una buena interpretación de su intención de no arrogarse el rol de otros poderes del Estado.

"Los expedientes siempre atentan contra la Ley de Gravedad. Siempre suben", desafiaron desde el cuarto piso la rebelión judicial de tribunales inferiores que evitarán ponerle rúbrica a beneficios tras el aluvión de pedidos de las defensas de los represores. Insistieron en los pasillos en relativizar los impactos mediático, político e institucional de la discusión. Ya se aprestan a poner en pista una resolución sobre el caso Milagro Sala, lo que puede abrir una nueva grieta, también con su réplica en la Casa Rosada, donde el fallo resultó un baldazo de agua fría. Cierto es que el ministro de Justicia había mantenido reuniones con jueces en un intento por avanzar en un régimen moderado de detención para represores (léase domiciliaria). Los tomó por sorpresa la posibilidad de solturas masivas. La novedad la impuso la Secretaría de Derechos Humanos que en su rol de querellante ayer planteó la "inaplicabilidad" del fallo Muiña para el caso del represor Carlos Eduardo Trucco. Aludió que no era constitucional el beneficio para delitos de lesa humanidad, en sentido contrario al fallo de la Corte.

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