La Cámara de Diputados debatirá inhabilitar a tres jueces del máximo tribunal que beneficiaron con libertad condicional a siete represores.
Santiago - El futuro de tres jueces de la Corte Suprema de Chile que en julio liberaron a siete condenados por crímenes de lesa humanidad está en manos de la Cámara de Diputados que anoche dirimía un pedido de inhabilitarlos en un inédito conflicto entre poderes.
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Los magistrados Carlos Künsemüller, Hugo Dolmestch y Manuel Valderrama, del máximo tribunal, otorgaron libertad condicional el 31 de julio a seis militares y un policía retirados, entre ellos un excoronel responsable de la muerte de tres uruguayos, al considerar que reunían todos los requisitos tras haber cumplido gran parte de sus condenas.
Así, acogieron varios recursos de amparo para otorgarles la libertad condicional a los condenados de violaciones a los derechos humanos.
Sin embargo, agrupaciones de víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet protestaron por lo que, aseguran, viola la legislación internacional, en particular el Estatuto de Roma, que creó la Corte Penal Internacional, en materia de crímenes de lesa humanidad.
Legisladores de izquierda presentaron ante el Congreso una acusación constitucional por "notable abandono de deberes" al considerar que los magistrados incumplieron la legislación internacional.
Inicialmente previsto para el viernes y el sábado, el primer paso hacia la inhabilitación lo dio ayer una comisión de cinco parlamentarios que resolvió por 4 votos contra 1 recomendar al plenario que apruebe la acción presentada por legisladores del Frente Amplio y la ex Nueva Mayoría.
La Cámara de Diputados tendrá que pronunciarse ahora sobre su admisibilidad, aunque la última palabra recaerá en el Senado.
Se trata de un conflicto sin precedentes entre los poderes Judicial y Legislativo, que considera que lo que está en juego es "la vigencia del Estado de Derecho" y la autonomía de la judicatura, aseguran analistas.
Desde la llegada de la democracia, sólo un juez, Hernán Cereceda, fue destituido en 1992 por negarse a investigar la desaparición del militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) Alfonso Chanfreau.
Durante el año pasado, al menos 31 exagentes de la dictadura de Pinochet acudieron a los tribunales buscando revertir las condenas en su contra, conseguir la libertad provisional o alegar inconstitucionalidad en sus casos.
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