Intentan bajar cuantioso gasto militar

Mientras en el continente causa polémica el acuerdo de cooperación militar que firmarán Estados Unidos y Colombia, existe otro país, menos mencionado por estos días, que también es acusado de desnivelar el equilibrio armamentístico de la región. Como legado del régimen de Augusto Pinochet, la Ley Reservada del Cobre permite a Chile establecer una sustancial diferencia relativa con el poderío militar de sus vecinos.

En concreto, la norma dispone el 10% de las ganancias de la empresa nacional Codelco para gastos de Defensa, una herramienta que el Gobierno de Michelle Bachelet intenta derogar, hasta ahora sin éxito.

Para tener una idea más clara, vale recordar que la inversión anual de Chile en sus militares es de un 3,4% de su PBI, sólo superada en Latinoamérica por la de Colombia, que es del 4%, muy por encima de la de Argentina, que apenas llega al 0,8%, e incluso de la media mundial, que es del 2,5%.

La senadora de la Unión Demócrata Independiente (UDI, derecha) Evelyn Matthei criticó la forma pero no el fondo de la norma al indicar a Ámbito Financiero que «la necesidad de nuestras Fuerzas Armadas no se puede regular por el precio del cobre (que en los últimos cinco años, especialmente en 2008, superó sus índices históricos, por encima de los u$s 4 la libra)». Sin embargo, su sector es el más reticente a realizar cambios profundos en esta ley.

Durante el período que va del año 2006 a 2008 los ingresos por concepto de venta de cobre en las minas explotadas por el Estado se elevaron a los u$s 20.000 millones.

Mucho más ilustrativa fue la senadora del Partido Socialista (PS) Isabel Allende, quien en declaraciones a la prensa local explicó que en «gasto total (u$s 4.778 millones), superamos en un 34% el gasto militar de nuestros vecinos (Bolivia, Perú y Argentina, u$s 3.553 millones)».

La estatal de cobre Codelco entregó por medio de la ley un monto que alcanzó los u$s 360 millones durante el primer semestre del año, cifra que si bien refleja la caída del precio internacional del metal, supera el aporte que hizo la empresa al fisco en el mismo período, según indica el Directorio Minero de Chile.

Gracias a la vigente normativa, Chile viene realizando un proceso de renovación de flota con la compra de aviones cazabombarderos, submarinos, tanques, helicópteros y fragatas, descartando una carrera armamentista por parte del Estado trasandino.

Si bien el Gobierno de Bachelet mostró voluntad política para debatir en el Congreso un proyecto de ley que modifique la norma en cuestión, su ingreso al Congreso fue nuevamente postergado en los últimos días.

Se esperaba que el proyecto fuera debatido este mes, pero por diferencias entre los ministerios de Defensa y de Hacienda todavía no se emitió el documento. El proyecto se complica porque la oficialista Concertación perdió la mayoría en el Congreso, y los partidos opositores se muestran reticentes a modificar esta ley.

«Existe una resistencia muy marcada por parte, claro, de las Fuerzas Armadas y de los partidos de la derecha (UDI y Renovación Nacional). Lo mejor va a ser debatirlo después de las elecciones presidenciales», indicó a este diario Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista (PC).

La ley data del año 1976, cuando en pleno régimen militar de Augusto Pinochet se promulgó en el marco de las denominadas «leyes de amarre» y que eran supuestamente necesarias para dotar al Gobierno de facto de gobernabilidad.

Aunque en su momento la presidenta defendió la normativa porque facilitaba la operación de paz en Haití, el canciller peruano José Antonio Belaúnde indicó a fines del mes pasado que «el Consejo de Defensa de UNASUR podría tratar un tema como éste», ya que «realmente llama la atención y preocupa el gasto en armamento» hecho por Chile.