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Jubilados: el oficialismo busca jury para jueces
Luis Herrero y Carlos Moreno
Hasta anoche el kirchnerismo no contaba con los votos necesarios para iniciar el jury de enjuiciamiento.
Herrero y Fernández integran la Sala II de la Cámara de la Seguridad Social que esta semana volvió a sentar un precedente cuando decidió que un jubilado estaba exento del Impuesto a las Ganancias.
El oficialismo busca que mientras se lleva adelante el proceso de remoción, ambos jueces queden suspendidos en sus funciones.
Los camaristas dictaron medidas cautelares que ordenan actualizar en 30 días los haberes de los jubilados, sin esperar la resolución del reclamo judicial que lleva muchos años, por tratarse de reclamos sobre los que ya se expidió la Corte Suprema, como en el caso Badaro.
La denuncia que tramita ante el Consejo de la Magistratura tiene su argumento central en supuestas irregularidades en la gestión de ciertos juicios en los cuales la ANSES llevó las de perder. El origen de las acusaciones se encuentra en la tercera integrante de la Sala, Nora Dorado, nuera de María Servini de Cubría.
Dorado presentó denuncias sobre supuestos cambios en el orden de las firmas para dejarla aparte de una serie de resoluciones, se quejó por el criterio para contratar personal y afirmó que sus colegas le ocultaban información.
Los apuntes de la camarista parecen no ser suficientes para lograr tracción de votos en el plenario. Los jueces contarán con el respaldo de los legisladores de la UCR, los representantes de los abogados y, fundamentalmente, los tres magistrados. Si esta aritmética no cambia el tema podría postergarse ya que el kirchnerismo asumió desde el año pasado la táctica de no impulsar votaciones que no está en condiciones de ganar. La única salida que podría negociarse es abandonar la idea del jury y en lugar de eso aplicar una sanción sobre los sueldos de Herrero y Fernández.
Al igual que en el caso del fiscal José María Campagnoli, los camaristas lograron un apoyo veloz de los entornos más críticos de la política judicial del kirchnerismo. La novedad fue un comunicado que ayer emitió el Colegio de Abogados de la Ciudad, que agrupa a los estudios empresariales, en el cual estos letrados afirmaron que "esta arremetida contra los referidos jueces debe analizarse dentro del grave contexto en que se encuentra el fuero de la Seguridad Social, que ha llegado al extremo de que por una acordada de principios del corriente año, los nueve jueces de las salas de apelaciones efectuasen un pedido de auxilio a la Corte para aliviar la crítica realidad derivada de la inmensidad de juicios por reajustes de haberes jubilatorios".
El caso del fuero de la Seguridad Social guarda similitudes con la situación de la Justicia civil en la cual toda la cámara denunció en la Magistratura al juez Diego López luego de que éste tuviera una serie de conflictos con sus compañeras de sala. El corolario fue una serie de resoluciones que López firmó y que remitió a sus colegas con el dibujo de una escoba.
López, cuya situación todavía no tiene un final claro, aseguró la semana pasada que podría renunciar el próximo 31 de julio.
En el plenario en el que se trató su caso, este camarista irrumpió sorpresivamente y se dedicó a insultar a los jueces que lo denunciaron. Cuando lo llamaron al orden, estalló en carcajadas como para terminar de sembrar el desconcierto respecto de su personalidad. La demora en su caso se sustenta en la determinación del oficialismo de, por el momento, no tratar su caso en el plenario del Consejo.
El otro expediente similar, y que finalizó recién en 2013, fue el del juez Alfredo Barbarosch, que renunció ante un jury inminente y que tenía por costumbre invitar a sus colegas del fuero a combates cuerpo a cuerpo, preferentemente en el estacionamiento de la Cámara del Crimen.
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