Jueces activan plan antirreforma

Alrededor de 100 jueces desfilaron ayer por la Asociación de Magistrados para expresar críticas a los proyectos de implementación de la reforma procesal penal que tiene por destino establecer el modelo acusatorio, que transfiere la investigación de las causas de los jueces a los fiscales.

Las reuniones desarrolladas en la sede de la calle Lavalle fueron el correlato de los encuentros que en las últimas semanas se suceden en las distintas jurisdicciones. El destino de los empleados de los juzgados (que verán disminuir sus estructuras) es una de las preocupaciones principales, porque la letra de los proyectos deja la cuestión en una zona gris. Esa tonalidad alcanzó para instalar entre los magistrados la percepción de que en lugar de reubicar al personal de los juzgados en fiscalías, la idea del oficialismo sería que éstas sean ocupadas por integrantes del kirchnerismo juvenil y del grupo Justicia Legítima.

Esta realidad se reflejó en la exposición del camarista Rodolfo Pociello Argerich, que ya juntó 41 firmas de jueces de Instrucción con objeciones a la reforma y que fueron remitidas al Congreso.

Ayer en la reunión de comisión directiva del gremio que preside el camarista Ricardo Recondo se conocieron otras inquietudes.

Preocupa a los jueces, y también a la Corte Suprema, los alcances y las atribuciones de la comisión que debe desarrollar la implementación en el fuero federal. Varias de las funciones de esa comisión serían propias del Consejo de la Magistratura, cuyas funciones figuran en la Constitución.

Tampoco convence la figura de una procuraduría dedicada a cuestiones de control constitucional. Este punto fue desarrollado por el fiscal Ricardo Sáenz, de la lista Bordó. En la Argentina el control de constitucionalidad es difuso (rasgo que siempre ha cuestionado Eugenio Zaffaroni), con lo cual el destino de esa oficina genera planteos.

Más allá de los comentarios de índole técnica, el mensaje político del encuentro de ayer fue concreto: si la bicameral del Congreso no brinda espacios suficientes para introducir modificaciones, el destino de la implementación estará en los tribunales pero porque terminará judicializándose.

Ese giro ayer fue aprobado por las listas Bordó y Compromiso Judicial, en tanto que la lista Celeste, de buena llegada al kirchnerismo, desistió de acompañar la moción.

Ya la semana pasada la Corte sostuvo que aquellas reformas que afectan los principios republicanos son sensibles de discutirse en la Justicia.

Ese fallo no ha modificado la planificación del Gobierno, que es aprobar la implementación de la reforma en gran medida sin cambios sustanciales. En las conversaciones del Ministerio de Justicia se alega que los empleados de las fiscalías deben ser nuevos ante la posibilidad de que los "viejos" retengan los hábitos del modelo inquisitivo. De permanecer esta idea, la colisión será inexorable.

Al mismo tiempo, crece la idea de que la reforma instalará jueces "clase b", que es como se percibe a aquellos magistrados en transición hacia el nuevo sistema que al principio sólo contempla 16 jueces de garantías. Es en estos detalles donde se incuba la posibilidad de que, tras el Congreso, el próximo round se dé en la Justicia.