Jueces divididos por concursos clave

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El debate por la terna del Juzgado Federal N° 3 de La Plata exhibió ayer las posiciones que actualmente dividen al Poder Judicial en su relación con el oficialismo. La nómina propuesta por el juez Leonidas Moldes, en el concurso 302, ubica en primer lugar al secretario Andrés Basso. Lo sigue Ignacio Rodríguez Varela, histórico secretario del fiscal José María Campagnoli, y en tercer lugar a Ernesto Kreplak, que hasta hace dos meses era funcionario en el Ministerio de Justicia. La terna será girada al Ejecutivo con el apoyo del kirchnerismo. El camarista Luis Cabral, de la lista bordó, desistió de acompañar con su voto.

Moldes propuso una terna heterogénea, que incluye a Rodríguez Varela, que ha litigado contra concursos impulsados por la Procuración General y que cada vez que puede menciona que no es juez no por sus antecedentes sino por sus ideas contrarias al oficialismo (y por un pasado familiar). Pero a la vez promueve a Kreplak, que actualmente es secretario en la Casación Penal ordinaria. Esta variedad habilitó los 2/3 necesarios con el apoyo del bloque oficialista, pero también del propio Moldes y de la abogada Adriana Donato.

Cabral, en tanto, se mantuvo en su tesis de no votar concursos para cargos rutilantes que sean apoyados por el kirchnerismo. En esa táctica lo acompañan los radicales Ángel Rozas y Gustavo Valdés y el abogado Miguel Piedecasas. La lógica de este bloque podría verse alterada si Rozas opta por una licencia (idea que el senador ha compartido en reserva) y es reemplazado por el suplente Mario Cimedevilla que ya fue consejero durante cuatro años. En las innumerables internas del partido implicaría un cambio sutil porque Rozas libra una dura parada en la elección de Chaco, donde juega junto a Sergio Massa mientras que el segundo hace lo propio en Chubut, pero cerca del macrismo.

Hoy por hoy, la Justicia es el escenario de una tensión entre los actores más dispuestos a lograr acuerdos tácticos con el oficialismo y aquellos que persisten, al menos en el plano de lo visible, con un perfil más cercano a la oposición. Esa paridad se vive a diario en la Magistratura, pero también en los fueros más determinantes.

Este conflicto es, al mismo tiempo, el sustrato en el cual se debatirá, en las próximas semanas, la aplicación de la reforma procesal penal, que debe transferir las atribuciones de los jueces a los fiscales. La percepción de los sectores más enemistados al oficialismo es la de un intento del Gobierno de utilizar la reforma para ganar posiciones en los tribunales mediante el ingreso de cientos de empleados.

Un entendimiento que se ve reforzado por el acontecer de otros planos del Poder Judicial, como ocurre con el estamento de los empleados. El gremio de Julio Piumato (que juega en la CGT de Hugo Moyano) se encuentra inmerso en una dura puja en la Capital por el intento de surgimiento de una nueva entidad gremial que tendría el apoyo del kirchnerista Juan Manuel Olmos, titular de la Magistratura porteña.

Por cierto: esa contienda la deja en una posición incómoda a Gabriela Michetti. Piumatto es un aliado estratégico de Ricardo Lorenzetti. El justice tiene llegada directa a la senadora por la Capital y han cultivado una relación cordial que salió a la luz, para fastidio de Lorenzetti, en los Wikileaks. En este sentido, no sería del todo grato para el cuarto piso de la calle Talcahuano que Olmos fuera el ministro de Justicia porteño en caso de que Michetti resultara electa, posibilidad que ya se da por confirmada en el búnker de la candidata. Michetti y Olmos comparten su afinidad por el papa Bergoglio.

Por su parte, el oficialismo mueve sus fichas y acumula proyectos de distinto tenor: leyes para regular subrogancias, reformas financieras al Poder Judicial e incluso la ampliación de la Corte. A ese potencial, vago, híbrido, muchas veces contradictorio en la retórica de los funcionarios del propio Gobierno, los justices respondieron con contundencia cuando le avisaron a Balcarce 50, en la firma del pasado martes, que todo intento reformista es sensible de ser judicializado, especialmente en leyes referidas a la Constitución.

El mismo escenario que se daría en la Magistratura si el oficialismo impulsa ternas clave (como la destinada a cuatro despachos de la Casación Penal federal) que no convencen al sector que por ahora se muestra renuente a restablecer conversaciones. La judicialización de ese concurso lleva al kirchnerismo al cálculo de que nombrar cuatro jueces en el máximo tribunal penal (aunque no todos sean cercanos) es preferible a no nombrar a nadie y que el caso se agote antes de octubre en los tribunales. La puja interna por esos lugares tampoco es tan cruenta: el único aspirante a la Casación que tendría pleno soporte de los consejeros del oficialismo, tras alguna incursión al Ministerio de Justicia, es el juez de tribunales orales Daniel Obligado, que en el pasado fue jurado en concursos de vital importancia para los mismos actores que hoy se disputan el dominio de todos los escenarios posibles.

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