Jueces sin juzgados: la Corte, tras $ 70 millones

• NECESITA ESOS FONDOS PARA ACTIVAR UNA CÁMARA CLAVE QUE CREÓ EL GOBIERNO

Ricardo Lorenzetti

El Gobierno y la Corte Suprema de Justicia deberán retomar conversaciones sobre los fondos del Poder Judicial apenas finalice la feria de invierno. Desde el máximo tribunal ya le avisaron al oficialismo, mediante un escrito firmado en la Magistratura, que para habilitar la puesta en marcha Cámara de Casación Penal ordinaria será necesario el desembolso de unos 70 millones de pesos, que es el gasto previsto para el primer año de esa instancia que ya tiene jueces con acuerdo del Senado, pero que no asumen porque todavía no tienen acondicionadas sus oficinas, que funcionarán en un edificio que cedió el Ministerio de Justicia.

La misiva llegó al Gobierno con la firma del administrador del Poder Judicial, Germán Krieguer, quien sólo se limitó a recordar el reglamento que señala que los nuevos tribunales que se creen por iniciativa del Poder Ejecutivo deben costearse con fondos del Tesoro. En realidad, Krieguer fue el mensajero inicial de una conversación que continuará con Ricardo Lorenzetti y Héctor Marchi, que son quienes tienen una visión global de los asuntos económicos del Poder Judicial en los que tiene injerencia el oficialismo.

En el Gobierno estas cuestiones se conversan en el despacho de Jorge Capitanich, que recientemente firmó una reasignación de partidas presupuestarias que le permitió a la Corte conceder un aumento salarial del 15% a todos los empleados del Poder Judicial.

La nueva Casación ordinaria es un proyecto del Gobierno que apareció años atrás con la idea de descomprimir a la Casación federal de las cuestiones propias de la Justicia nacional. Sus integrantes concursaron, tuvieron el apoyo del Congreso y Cristina de Kirchner promulgó su designación, aunque nunca asumieron por no contar con la infraestructura necesaria. Desde los sectores más conservadores del Poder Judicial se señala a los nuevos jueces como cercanos al Gobierno, aunque fuera de las chicanas de ocasión, la lista presenta una llamativa heterodoxia.

El Gobierno cedió un edificio ubicado en la zona de Tribunales para el funcionamiento de la Cámara. Si bien las obras están avanzadas, como les informaron a los jueces semanas atrás, se precisa una partida del Gobierno para comenzar a equipar el edificio y tomar a los primeros empleados que allí deberán prestar funciones.

Una cuestión a simple vista sencilla, pero que será una suerte de preliminar de la gran discusión que se dará en agosto: con el último aumento salarial, las finanzas del Consejo de la Magistratura (que paga el 90% de los sueldos del Poder Judicial) ingresarán en zona de turbulencia. En febrero, la Corte ya dijo que no financiará al Consejo con su fondo de ahorro, con lo cual los llamados volverán a partir en dirección al primer piso de Balcarce 50.

Los jueces hasta ahora sin juzgado han desarrollado encuentros con Lorenzetti y Elena Highton de Nolasco. La interlocutora más visible de este grupo es María Laura Garrigós de Rébori, que el año pasado alentaba, desde la corriente Justicia Legítima, la organización de actos contra los ministros frente al Palacio de Tribunales a modo de queja por los fallos que declararon nula la reforma judicial. Claramente el camino elegido no fue el de la diplomacia.

Estos avatares, y demás internas subterráneas, viajarán a Mar del Plata en octubre, donde se realizará la conferencia anual de jueces, cita ideal para enarbolar todo tipo de conspiraciones.

Hasta agosto la Corte tendrá actividad mínima. Durante la feria de invierno el tribunal quedó a cargo de Enrique Petracchi.