Jueces sin juzgados: más duros con la Corte, preparan amparo

Elena Highton de Nolasco

 Desde noviembre del año pasado un grupo de camaristas designados por el Poder Ejecutivo, y con aval del Senado, no se encuentra en funciones. Se trata de los jueces de la Cámara de Casación Penal ordinaria. En la Corte Suprema de Justicia no les han tomado juramento porque todavía el Poder Judicial no tiene en condiciones un edificio en el cual éstos deberían prestar funciones. La espera genera malestar entre los nombrados y la tensión fue en aumento la semana pasada cuando le avisaron a Elena Highton de Nolasco que podrían presentar una demanda con el objetivo de apurar su puesta en funciones.

Fue durante un cónclave reservado, en el cuarto piso de la calle Talcahuano. Los jueces habían acudido en ocasiones anteriores a Ricardo Lorenzetti, pero luego decidieron probar suerte con la vicepresidenta del máximo tribunal. Contrario a lo que esperaban, la ministra los recibió. Les explicó que ya el Ministerio de Justicia había cedido un edificio y que cuando éste se encuentre operativo les tomarían juramento (la misma respuesta que les dio Lorenzetti). Consultada por la demora en esto, Highton de Nolasco fue tajante: "Lean la Constitución, el edificio es una responsabilidad del Consejo de la Magistratura, no de esta Corte".

Fue entonces cuando el juez Héctor Magariños dobló la apuesta y avisó que podría formular una presentación en queja por la demora en la toma del juramento. El rostro de Highton se contorsionó en una mueca y sólo atinó a decir que era momento de terminar la reunión.

Lo que aparece como el reproche de un grupo de jueces a la Corte encierra en realidad cuestiones más de fondo y relacionadas con una puja de poder que tiene su escenario en la Justicia penal. El reclamo de estos camaristas es encabezado por María Laura Garrigós de Rébori, titular de Justicia Legítima. Una emisaria que no cuenta con demasiadas simpatías en la Corte, lo cual a la vez evidencia cierto error en la táctica para este tipo de planteos.

La sola toma de juramento a estos jueces los podría habilitar a una eventual subrogancia en la Casación Penal federal. Esa probabilidad es denostada en el máximo tribunal penal del país, aún a pesar de la cantidad de vacantes que afectan su función diaria. En el rechazo de estos jueces, incide más la pertenencia de Garrigós de Rébori a Justicia Legítima, que la presencia, en el mismo listado, de un juez como Carlos Mahiques que poco o nada tiene que ver con los conceptos de dicho colectivo.

Existen otros justificativos más díficiles de admitir, como el objetivo implícito de retener el control de las causas federales que afectan al poder político. Una influencia que pocos desean resignar y que da letra a posiciones siempre signadas por un cinismo conveniente.

Son pocos en la Casación federal quienes prefieren no subrogar vocalías vacantes (implica un incremento salarial). La semana pasada, por primera vez en la historia, la Cámara se autoconvocó para solicitarle al presidente Mariano Borinsky que cediera su subrogancia en la sala IV, posición que luego fue para Eduardo Riggi. Este camarista enerva a los sectores más juveniles del kirchnerismo que han impulsado denuncias en su contra por su actuación en un expediente referido al crimen del activista Mariano Ferreyra.

Por otra parte, la creación de una nueva Casación ordinaria implicaría una nueva instancia en el camino de los reclamos en la Corte, innovación que no cae simpática en ciertas vocalías a pesar de que en pocos meses el máximo tribunal ya no tendrá penalistas: al deceso de Carmen Argibay se sumará la salida de Eugenio Zaffaroni.