Juez citó a funcionario y cruza llamadas de Macri

El funcionario macrista y ex directivo del Club Boca Juniors Andrés Ibarra deberá presentarse a declaración indagatoria el próximo 26 de agosto, según dispuso ayer el juez federal Norberto Oyarbide dentro de una batería de medidas que buscan profundizar la pesquisa de las escuchas ilegales.

El magistrado también ordenó informes sobre las llamadas entrantes y salientes de Mauricio Macri, procesado como supuesto partícipe de una asociación ilícita en este caso, desde 2007 y la remisión de la causa que investiga al jefe de Gobierno porteño y varios de sus funcionarios por supuesta administración fraudulenta a raíz de la adjudicación del contrato de mobiliario a la empresa Publicidad Sarmiento, como adelantó este diario.

Se dispuso además un pedido de informes a la empresa de seguridad Ackerman Group, supuestamente contratada por Franco Macri para investigar a su ex yerno, Néstor Leonardo, con quien tiene una relación muy conflictiva. Según explicó públicamente el padre del jefe de Gobierno, las pinchaduras detectadas del teléfono de Néstor Leonardo estarían vinculadas con esta contratación.

Como en el resto de las intervenciones irregulares que figuran en la causa, las escuchas al parapsicólogo fueron ordenadas por los jueces destituidos de Misiones Horacio Gallardo y José Luis Rey, y retiradas de la SIDE por el supuesto espía y ex empleado del Gobierno porteño, Ciro James. Todos ellos están procesados por supuesta asociación ilícita, junto con varios policías y funcionarios judiciales de Posadas y el ex jefe de la Policía Metropolitana, Jorge «Fino» Palacios.

Las nuevas medidas definidas ayer por el juez están relacionadas en parte con el fallo de la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional porteña, que a principios de julio pasado confirmó el procesamiento de Macri y se refirió al presunto armado de un «aparato de inteligencia ilegal» conectado con la Policía porteña y con el supuesto consentimiento del jefe de Gobierno.

La resolución de los jueces Jorge Ballestero, Eduardo Farah y Eduardo Freiler significó un duro golpe para la situación judicial de Macri, ya que dio por probada esta supuesta estructura ilícita. En este punto, el tribunal puso la lupa sobre la actuación de Ibarra, quien al momento de la contratación de James en el Ministerio de Educación porteño, estaba a cargo de las cuestiones administrativas de esa cartera.