Juez reclamó al Congreso reforma de ley de lavado

Guido Antonini Wilson

El juez federal en el Penal Económico Marcelo Aguinsky rechazó ayer el pedido de sobreseimiento por prescripción que había presentado la defensa del exfuncionario kirchnerista Claudio Uberti, en el marco de la causa en la que se investiga el intento frustrado del empresario venezolano Guido Antonini Wilson de ingresar al país una valija con u$s 800.000 sin declarar.

El planteo del abogado de Uberti, Diego Pirota, se basó en dos argumentos principales. En primer lugar, sostuvo que la imputación por el presunto delito de lavado de dinero había prescripto, luego de que el Congreso de la Nación modificó la ley de lavado en mayo pasado. La fundamentación del abogado de basó en los cambios introducidos en el artículo 278 de la normativa anterior que se refiere a «el que recibiere dinero u otros bienes de origen delictivo» y que en la nueva ley se contemplan en el 303.

Si bien ambos son prácticamente iguales, los legisladores no agregaron en la nueva normativa el aumento de penas dado por el agravante de ser funcionario público (artículo 277 del Código Penal). Esta omisión generó que el delito que establece el artículo 303 de la nueva ley -y por el que son investigados los imputados en la causa del valijero- presente sólo una pena de seis meses a tres años de prisión. Por esta razón, la defensa de Uberti planteó la prescripción, además de argumentar, en segundo término, que el delito de contrabando no se había corroborado en este caso y, en consecuencia, su cliente debía ser sobreseído.

En este último punto, Aguinsky y la fiscal del caso, María Luz Rivas Diez, fueron terminantes: tanto Antonini Wilson como el resto de los involucrados en el caso deben ser investigados por presunto contrabando, delito que prevé una pena de hasta 10 años. Según el juez, los hechos del 4 de agosto de 2007 deben ser investigados como presunto contrabando, porque el accionar de Antonini Wilson «no sólo constituyó una omisión de declarar tal ingreso de dinero, sino que tal accionar podría configurar un ardid o engaño tendiente a impedir o dificultar el control aduanero, que requiere la figura de contrabando prevista en el art. 863 de Código Aduanero».

Esta imputación por contrabando es central para que se mantenga en pie la causa, ya que en el fallo se destaca que si la pesquisa dependiera sólo de la imputación por supuesto lavado, la causa efectivamente estaría prescripta debido a la última modificación de la ley de la lavado. Así lo enfatiza el magistrado, al afirmar que si los hechos investigados se limitaran a presunto lavado, «la acción penal se encontraría lisa y llanamente prescripta, y correspondería por esa razón el dictado del sobreseimiento de todos los imputados».

En este contexto, Aguinsky también resolvió librar oficios al Congreso para que revise la ley modificada en mayo pasado respecto de la omisión de agravantes en el artículo 303 en caso de estar en la función pública. Estos cambios irónicamente fueron solicitados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para fortalecer las medidas contra el lavado de dinero. La referencia al artículo 277 del Código Penal que duplica las penas de los delitos en casos de cumplir una función pública fue eliminada en este caso, porque se pedía que la ley antilavado fuera «autosuficiente», es decir, no dependiera de otras normativas.

Además de esta consideración específica sobre la normativa y el rechazo del planteo de la defensa de Uberti, el magistrado volvió a reclamar al Ministerio de Relaciones de Exteriores para que insista respecto de los pedidos de extradición de Antonini Wilson a Estados Unidos, así como del exvicepresidente de la petrolera estatal PDVSA Diego Uzcátegui y su hijo, Daniel, a Venezuela.