Juicio por Once: una pericia clave negó desvío de subsidios

Claudio Bonadío y Ricardo Jaime

El tribunal en el cual se desarrolla el juicio oral por la tragedia ferroviaria de la estación Once ya cuenta con la pericia contable realizada sobre el uso de los subsidios estatales que recibió TBA.

El resultado es clave para el futuro del proceso: sostiene que alrededor del 90% de los fondos que recibió la empresa se utilizó para pagar sueldos y cargas sociales. Además, concluye en que, en los años auditados, los subsidios nunca fueron suficientes para afrontar los gastos de mantenimiento e inversión en infraestructura. El trabajo lleva la firma los peritos oficiales Lucía Guelfi, Oscar Fernández y Héctor Chyrinkys, y es un golpe a gran parte del proceso de instrucción que realizó el juez Claudio Bonadío.

Los informes técnicos han adquirido un rol central desde el inicio del juicio en el Tribunal Oral Federal número 2. Hace dos semanas, un peritaje sostuvo que los frenos de la formación que se estrelló funcionaban correctamente y complicaron la situación del maquinista Marcos Antonio Córdoba.

Los nuevos detalles en materia contable llegaron al tribunal luego de que éste requiriera una ampliación de la que ya se había realizado en la etapa de instrucción. El objetivo era conocer la incidencia real que tenían los subsidios estatales en la contabilidad de TBA. Se conoció, por ejemplo, que entre 2004 y 2010, la empresa abonó sueldos y cargas sociales por un total de $ 1.764 millones y recibió en concepto de subsidios un total de $ 1.999 millones.

Un dato clave que ya está en poder de los jueces Jorge Tassara, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini: se registraron ejercicios en los cuales TBA tuvo egresos superiores a sus ingresos en concepto de subsidios y venta de pasajes. De ahí que la firma mantenía deudas en el sector privado.

Desde su incursión en el expediente, Bonadío fue tras la tesis de una presunta malversación por parte de TBA. El juez conectó esta teoría con las causales del accidente y construyó el argumento de que la empresa había recibido subsidios millonarios a partir de los cuales se podría haber mejorado la infraestructura del Ferrocarril Sarmiento.

Informes

El juez requirió una batería de informes contables a la empresa y se embarcó en la quimera de reconstruir un mes de la contabilidad de TBA. Cuando sospechó que le ocultaban datos, ordenó la detención de Claudio Cirigliano y de un grupo de directivos de la empresa. La Sala II de la Cámara Federal ordenó casi en forma automática la liberación de éstos y consideró que los motivos para mantenerlos privados de su libertad eran "insuficientes". Tiempo después, Bonadío fue apartado de la causa que terminó en el despacho del juez Sebastián Ramos.

Sin embargo, el informe solicitado por Bonadío había culminado sin grandes novedades. Luego el juez fue tras los gastos de la tarjeta de crédito corporativa de TBA. Detectó la compra de vinos y de muebles antiguos. Los gastos no superaban los 25.000 euros.

El desarrollo de la causa, elevada a juicio oral en tiempos extraordinarios para lo habitual, contó con un timing riguroso por parte del juez, ya que tanto los procesamientos como la elevación a juicio tuvieron lugar en los días previos a los aniversarios del siniestro en el cual perdieron la vida 51 personas.

El resultado del nuevo peritaje también favorece a los funcionarios y exfuncionarios que figuran entre los acusados, como Juan Pablo Schiavi, Ricardo Jaime y Antonio Sícaro, exfuncionario clave de la CNRT.

Además de los peritos oficiales, participaron los peritos de las partes Carlos Fogarolli, Alejandro López, Judith Konig y Martín Sole. La coincidencia entre todos ellos fue absoluta.