Jueza pidió antecedentes de la designación como procurador. Objetan que no tenga domicilio en la provincia de Buenos Aires
La demanda iniciada contra el nombramiento de Julio Conte Grand como procurador general de la provincia de Buenos Aires tuvo su primer capítulo judicial, luego de que Ámbito Financiero revelara que la denuncia ponía en riesgo el plan de la gobernadora María Eugenia Vidal para designarlo en reemplazo de María del Carmen Falbo. La jueza en lo contencioso administrativo de La Plata, María Ventura Martínez, ordenó que en un plazo de 15 días, el Poder Ejecutivo provincial le provea de todos los antecedentes del expediente referido a la cobertura del cargo de jefe de fiscales y defensores. Así dio el primer paso para admitir la demanda iniciada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), que se presentó ante la Justicia argumentando que el actual secretario de Legal y Técnica de la gobernación no cumplía con el requisito de dos años de residencia efectiva en territorio bonaerense como para poder ser nombrado. Además, la magistrada ordenó inscribir la presentación de la ONG en el registro de demandas colectivas.
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Ventura Martínez apeló al Código Procesal para emplazar a Vidal a que envíe "en el plazo de quince días copias certificadas del expediente administrativo B 530/16-17, así como de toda otra actuación administrativa y antecedentes tramitados que se encuentren relacionados con el proceso de selección y la propuesta de designación para ocupar el cargo de procurador general del Dr. Julio Marcelo Conte Grand". Esta decisión encendió las alarmas en el Poder Ejecutivo bonaerense dado que daban por descontado que su pliego sería aprobado por el Senado provincial.
La objeción de CEPIS que podría hacer naufragar los planes de Vidal es que Conte Grand -según los registros de la denuncia- aún tiene domicilio en Capital Federal, donde residiría. Esto, exigirá que la Justicia aclare si para poder ser nombrado, le es exigible el mismo requisito que para otros miembros del Poder Judicial provincial, que es dos años de residencia inmediata en la provincia. Como la Procuración General depende de la cabeza del Poder Judicial es que se inició la demanda sobre una "declaración de certeza" cuyo resultado, en principio, retrasará su nombramiento.
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