Ricardo Bustos Fierro está alcanzado por fallo de la Corte que fija el límite en 75 años. No presentó amparo que lo blinde. Gobierno demora envío de pliego.
La provincia de Córdoba también integra el club de los distritos cuya Justicia electoral está pendiente de un hilo, con definiciones que dejan al borde de la acefalía a los tribunales que deben velar por la legalidad de los comicios. Pese a ser una de las principales jurisdicciones por su peso en el padrón (algo más del 8.6% del total a nivel país), y en la recta final para las legislativas de octubre, la región mediterránea suma los mismos interrogantes que la provincia de Buenos Aires y lo que representa a nivel nacional la indefinición sobre la jueza nacional con competencia electoral María Servini de Cubría. El titular del juzgado federal N°1, Ricardo Bustos Fierro, quedó alcanzado por el fallo de la Corte Suprema que fijó el límite de 75 años para la permanencia de los magistrados en sus cargos. Sin embargo, el Poder Ejecutivo anunció que enviaría su pliego para un nuevo acuerdo del Senado (lo que garantizaría su continuidad), algo que hasta ahora no se efectivizó.
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Con tres millones de electores, según las estimaciones, Córdoba ocupa el segundo puesto tras la estratégica provincia de Buenos Aires que se lleva el 37% del total, con 12 millones de votantes. Cualquier definición en materia electoral, la supervisión de los comicios y la legalidad del resultado dependerán de la decisión del juzgado con competencia electoral, ocupado por Bustos Fierro. Sin embargo, tras el fallo "Schiffrin", su situación quedó alcanzada por la limitación de edad para los jueces, por estar excedido del tope fijado en la nueva doctrina del máximo Tribunal. El 31 de marzo el magistrado cordobés respondió el pedido de informes que hizo el Consejo de la Magistratura, intentando mapear la cantidad de jueces que estarían en la nómina para cesar en sus puestos. El requerimiento buscaba determinar cuántos de los impactados habían presentado o no amparos para permanecer en sus cargos con anterioridad al nuevo fallo supremo. Esa era la situación de Servini de Cubría que ya contaba con un blindaje otorgado por el fuero de la Seguridad Social que -en lo formal- la eximía de tener que jubilarse. El Gobierno jugó al límite con algunas acciones judiciales para reservarse una carta a futuro que le permitiera contar con vacantes estratégicas. El único magistrado que renunció inmediatamente después del fallo fue Leopoldo Schiffrin, cuya acción y su mantenimiento por parte del Ejecutivo disparó el fallo que tuvo gran impacto político.
En su respuesta, Bustos Fierro dijo a la titular del Consejo, Adriana Donato: "No he presentado ningún tipo de acción judicial al respecto dado que al acceder a mi magistratura juré bajo el sistema institucional dispuesto por la Constitución de 1853, que puntualmente establece que los jueces conservan sus funciones mientras dure su buena conducta". Es decir que argumentó su estabilidad y permanencia en el hecho de que asumió antes de la reforma constitucional (juro en diciembre de 1993) por lo que el límite de 75 fijado por la constituyente (y nunca aplicado por la doctrina "Fayt") no podía impactarle. Un listado de 27 jueces estaba en la mira por este motivo, por lo que el Consejo requirió conocer quiénes tenían amparos ante el primer aluvión de impugnaciones en su contra.
Para el caso de Bustos Fierro y de los camaristas Edmundo Hendler, del fuero penal económico, y los civiles Eduardo Zannoni y Mauricio Mizrahi, la Casa Rosada decidió que reenviaría sus pliegos al Senado para otorgarle otros 5 años de vigencia. El proceso comenzó con el plazo de oposiciones, avales e impugnaciones, pero el cronograma electoral se llevó por delante los plazos de una definición, y ahora su permanencia como máxima autoridad electoral en la provincia mediterránea también se encuentra a tiro de eventuales objeciones. Ocurre lo mismo, aunque por distintos motivos, que los vacíos generados en territorio bonaerense -por el pleito iniciado contra la subrogancia de Juan Manuel Culotta y a nivel nacional por el enfrentamiento de un sector del Ejecutivo con Servini, que había denunciado intentos por removerla de su juzgado provenientes del propio Poder Judicial.
Bustos Fierro es un histórico en Córdoba cuya decisión de habilitar en 1999 un tercer mandato a Carlos Menem le valió un jury de enjuiciamiento al que finalmente sobrevivió.
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