Justicia suspende actividad en mina “Bajo La Alumbrera”

Lo ordenó la Cámara Federal de Tucumán a raíz de una denuncia de contaminación. También ordenó la parálisis en “Bajo el Durazno”, que forma parte de La Alumbrera.

Impacto. La mina “Bajo La Alumbrera” es uno de los principales yacimientos de explotación a cielo abierto del país. Inició su actividad hace casi 20 años y prepara su cierre para el próximo año.

Un tribunal federal de la provincia de Tucumán ordenó la suspensión de la actividad en la mina de oro y cobre "Bajo de la Alumbrera", controlada por Glencore y que se encuentra en Catamarca.

La decisión de la jueza Marina Cossio de Mercau y de los conjueces Daniel Bejas y Guillermo Molinari se da en el marco de una denuncia por contaminación.

Glencore posee el 50% del yacimiento catamarqueño, mientras que la canadiense Goldcorp tiene un 37,5% y Yamana Gold el 12,5 % restante. La mina, que inició sus operaciones en 1997, está preparando su cierre, programado para 2018, y ahora deberá estar inactiva hasta tanto presenten documentación que constate que están en el camino de la remediación ambiental por la contaminación que hubiera ocasionado.

La Cámara Federal de Tucumán ordenó la suspensión para que se "realicen los informes periciales solicitados (...) y hasta que las demandadas acrediten fehacientemente haber cumplido con la contratación de un seguro de cobertura con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del posible daño según lo dispone el Art. 22 de la Ley General del Ambiente 25.675", de acuerdo con lo señalado en la sentencia.

El fallo también ordena frenar la actividad en el yacimiento de "Bajo el durazno", una ampliación del otro proyecto que forma parte de la Mina Alumbrera y que sí continuará después de 2018.

La cámara tucumana, además, ordenó que la causa vuelva al Juzgado Federal de la vecina Catamarca.

La causa por contaminación ambiental contra la minera fue iniciada en 2010 por una propietaria de terrenos donde están los yacimientos.

Allí se pedían estudios para corroborar los resultados ambientales de la operación de la minera, en especial a través del análisis de los llamados "dique de colas", depósitos donde las empresas vierten el líquido compuesto por metales pesados y otras sustancias, producto de la propia actividad. Y también se solicitaba el cese de la operación hasta que se contratara un seguro para financiar el posible daño ambiental. La medida cautelar tuvo sucesivos rechazos desde 2010 hasta que en 2016 la Corte Suprema ordenó que el tribunal federal local se vuelva a pronunciar al respecto.

Vale destacar que los derechos de exploración y explotación pertenecen a Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, una sociedad integrada por la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado nacional.