Kirchnerismo avanza en Diputados con peligrosa regulación a bancos

Mientras la oposición en el Congreso sigue debatiendo entre la derogación, ya casi imposible, del DNU del Fondo de Desendeudamiento y el trámite para modificar el impuesto al cheque, el oficialismo sigue marcando la agenda en Diputados. Esta vez con un proyecto que modifica las reglas de funcionamiento de los bancos hasta límites no conocidos hasta ahora. El proyecto de reforma a la Ley de Entidades Financieras que se presentó ayer cumple con todas las promesas que el kirchnerismo y en especial su jefe, Néstor Kirchner, hizo durante la campaña, siempre con el justificativo de acelerar el crédito a pymes y bajar tasas, mientras se avanza en el control de la banca extranjera. De hecho, si prospera, le permitirá al Estado regular tasas de interés y definir hacia quiénes se derivará el crédito tanto en entidades públicas como privadas. El peligro directo es que las restricciones y obligaciones que impone a los bancos deriven en un efecto contrario al buscado, es decir, en una suba en el costo de todo el sistema.

objetivos

La reforma, justificada en derogar la ley de bancos que sancionó la dictadura militar en 1977, la 21.156 que fue modificada en casi 20 oportunidades, no sólo pretende regular el destino del crédito y las tasas, sino que avanza en la creación de un Banco de Desarrollo para fondear operaciones de préstamos y un nuevo sistema de financiamiento de viviendas.

Se pretende dar vuelta la lógica del actual régimen de entidades definiéndolo a partir de los derechos de los usuarios y de las pequeñas empresas y no de la realidad del mercado.

Por ejemplo, se establece que los depósitos en moneda extranjera deberán aplicarse mayoritariamente en operaciones en las cuales el deudor tenga ingresos en moneda extranjera.

También se regulan las tasas de interés fijando un máximo para micro y pymes que no podrá superar en 5% la tasa promedio del sistema financiero para el sector. Se fija, además, una tasa de interés máxima para préstamos personales inferiores a los $ 100.000.

El proyecto, que lleva el nombre de «Ley de crédito productivo y cobertura universal de servicios financieros», fue presentado por el bloque Nuevo Encuentro, define a la actividad financiera como un servicio público, lo que de por sí legalmente cambia las condiciones del negocio bancario en el país. Es decir, bajo esa denominación las entidades deben cumplir con necesidades básicas y bajo un marco reglamentario específico. Esto significa que, al ser considerado servicio público, el Estado podrá regular tasas y definir las prioridades en el destino del crédito, que el propio proyecto destina hacia las pequeñas empresas y la construcción de viviendas.

Regulación

Pero sin duda el punto más conflictivo del proyecto es la regulación que impone a los bancos de capital extranjero. Define como entidad de ese grupo a la que tenga más del 30% de capital de origen extranjero o que las decisiones en la asamblea sean tomadas por accionistas no argentinos.

Ratifica en el Gobierno la potestad de autorizar el funcionamiento de nuevas entidades extranjeras en el país y de nuevas inversiones del exterior en el sistema financiero, estableciendo el criterio de reciprocidad con los países de origen.

Y, de hecho, hasta regula los lugares en que los bancos podrán radicar nuevas sucursales: sólo podrán instalarse si se amplía el área de cobertura geográfica facilitando a usuarios el acceso a los servicios, limitando la concentración en una misma plaza.