Kirchnerismo va tras otra poda a la Corte

Héctor Masnatta

El kirchnerismo está decidido a llevar adelante la campaña con la Justicia como tema central. Toda la realidad, desde hace un tiempo y mucho más desde ahora, deberá interpretarse desde el hecho de que la reforma judicial no está vigente por la declaración de inconstitucionalidad que la Corte Suprema dictó sobre la elección de consejeros y las múltiples cautelares que aún bloquean la ley que intentó ponerles límites a esas medidas.

El tema no es interpretación del kirchnerismo, sino una definición presidencial directa: "Que nadie me venga a hablar de seguridad si antes no me habla de reforma de la Justicia", dijo Cristina de Kirchner en el acto por la conmemoración de la Declaración de la Independencia en Tucumán. No se recuerda que alguno de los seis proyectos de reforma judicial que el Gobierno envió al Congreso hubiera contenido al menos un artículo destinado a modificar algún aspecto de la crisis por la inseguridad en las calles.

La pasión kirchnerista por avanzar con esa reforma arrancó hace 10 días en Diputados cuando los constitucionalistas Carlos Kunkel y Diana Conti lideraron la presentación de un proyecto para transferir el control presupuestario y de la ejecución de los gastos de la Justicia de la Corte Suprema al Consejo de la Magistratura. Fue una especie de contrarreforma del acuerdo que Cristina de Kirchner había cerrado con Ricardo Lorenzetti para modificar la reforma judicial (como efectivamente se hizo), paz que luego se perdió en medio de la conocida declaración de inconstitucionalidad.

Ayer, Marcelo Fuentes, con funciones similares a las de Kunkel-Conti, pero en el Senado, dio otro giro en la guerra del Gobierno con la Justicia alimentando ese color monotemático de la campaña.

Fuentes anunció que impulsará la creación de un "tribunal de constitucionalidad", que se haga cargo del control constitucional de las leyes en lugar de los jueces.

Con esa sola propuesta se anotó en los dos must del Gobierno por estos tiempos: la Justicia y la necesidad de una reforma constitucional. Porque aunque Fuentes no lo haya dicho claramente, se trata de quitarles a los jueces la potestad de ejercer el control constitucional (difuso) que les otorga el artículo 116 de la Constitución.

"¿Por qué tiene que haber un poder que controla a los otros dos poderes, cuando estamos hablando de equilibrio de poderes?", se preguntaba ayer Fuentes en un argumento más de campaña que jurídico ya que la Constitución le responde sin problemas esa pregunta.

Para modificar esa situación, entonces, haría falta una reforma constitucional que tomará el modelo de consejo constitucional que se aplica en España, por ejemplo, o con otro formato en Francia. Esa discusión no es nueva, ni tampoco estéril, ya que el sistema argentino no puede decirse que funcione a la perfección.

En la reforma constitucional de 1994, Héctor Masnatta propuso la creación de un tribunal constitucional a medida de la experiencia europea basada en la arquitectura jurídica kelseniana. En el caso español, como cuestiona Jorge Vanossi, se mezclan peligrosamente las potestades sobre el otorgamiento de amparos, declaraciones de inconstitucionalidad y la anulación de leyes votadas por el Congreso. Todo se complica si la integración de ese tribunal constitucional se decide por caminos netamente políticos.

El camino que propone Fuentes, entonces, es recortarles ese poder a los jueces, que es lo mismo que decir a la Corte, y pasarlo a uno de esos organismos específicos: "El Congreso dicta una norma soberana en el marco de las mayorías y la legalidad y un juez con una sentencia interpreta que es inconstitucional. Para eso, entonces, tengamos un tribunal de constitucionalidad totalmente independiente", definió ayer a medios del interior.

No quedan dudas de que para hacerlo hará falta una reforma constitucional, pedido que se suma a otros que pretenden dinamitar ya no sólo la Constitución liberal de 1953, como viene proponiendo el kirchnerismo, sino ahora también lo que se pueda de la de 1994.