La corrupción carcome la petrolera de Evo

La Paz - Un extraño maleficio persigue al Gobierno de Evo Morales desde que decretó en mayo de 2006 la nacionalización petrolera, porque ni la industrialización de los hidrocarburos se concreta ni la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) hace pie, con seis presidentes en tres años.
El último es el ex ministro de Hidrocarburos y Planificación del Desarrollo, el economista Carlos Villegas, quien fue posesionado el sábado tras un confuso episodio de corrupción que salpicó a su antecesor, Santos Ramírez, uno de los leales al presidente Morales.
«Esta designación de emergencia es para que usted acabe la corrupción en YPFB», arengó Morales a Villegas, al ponerlo al frente de la empresa estatal que este año administrará unos 1.800 millones de dólares para diversas tareas de prospección petrolera.
«No podemos perdonar a personas que estén desviando los recursos económicos, de las empresas (estatales). Deben ser sancionados, caiga quien caiga. La tarea es saber dónde iba esa plata», remarcó el mandatario en alusión al destino de unos u$s 450.000, el 10% de lo que YPFB pagó en días pasados al empresario Jorge O'Connor, muerto tras un atraco el martes pasado en La Paz.
La caída del quinto presidente de YPFB, Santos Ramírez, se produjo por un irregular contrato con la empresa Catler Uniservice que representaba el fallecido O'Connor, de capitales bolivianos y argentinos, que por unos 86 millones de dólares construye desde julio de 2008 una planta para extraer gasolina y gas licuado de petróleo del gas natural, compuesto que Bolivia exporta a Brasil.
«Nunca se pudo conocer el texto del contrato. Ni la Contraloría General de la República tiene una copia. La ley establece que a los cinco días de su suscripción se debe remitir una copia a la Contraloría», explicó ayer la viceministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardy Suxo, a la emisora estatal Patria Nueva.
Los fiscales que investigan el caso han anticipado que los u$s 450.000 eran parte de una «coima» de la empresa Catler Uniservice por la adjudicación de la construcción de una planta separadora de líquidos en Río Grande, departamento de Santa Cruz.
Sus antecesores fueron Jorge Alvarado (22 de enero al 27 de agosto de 2006), Juan Carlos Ortiz (28 de agosto de 2006 al 26 de enero de 2007), Manuel Morales Olivera (29 de enero al 24 de marzo de 2007), Guillermo Aruquipa (24 de marzo de 2007 al 12 de marzo de 2008) y Santos Ramírez (12 de marzo de 2008 al 31 de enero de 2009).
Jorge Alvarado renunció porque fue vinculado a la exportación ilícita de unos 2.000 barriles de crudo diarios a Brasil, lo que habría ocasionado una pérdida económica de unos 39 millones de dólares al Tesoro General de Bolivia. Ahora es embajador de Bolivia en Venezuela.
Juan Carlos Ortiz Banzer dimitió por presiones del Ejecutivo y es consultor internacional.
Manuel Morales Olivera renunció tras ser sindicado de nepotismo, elaboración con discrecionalidad de unos 44 contratos de operaciones con petroleras extranjeras y del pago de unos 342.000 bolivianos (u$s 48.000) para un viaje de turismo y placer a Cuba.
Guillermo Aruquipa fue relevado por nepotismo e ineficiencia, aunque ahora ejerce el cargo de superintendente de Hidrocarburos desde el 18 de abril de 2008, y tenía nexos cercanos con su sucesor, Santos Ramírez, cuando era senador del Movimiento Al Socialismo (MAS).
«Si Evo Morales es coherente con su mensaje de lucha contra la corrupción, debe alentar desde casa incluso la investigación del patrimonio de sus colaboradores. De otro lado, es la oportunidad de reivindicar a YPFB, cuya imagen ha quedado por los suelos en los últimos meses, no sólo por estas denuncias de presunta corrupción, sino por las fallas permanentes de gestión. La posesión de Carlos Villegas puede alentar el inicio de una verdadera refundación de Yacimientos», destacó el periodista Tuffi Aré.
Agencia DPA