La jueza Cármen Lúcia actuó por un pedido de la Fiscalía General, que espera alcanzar la declaración de inconstitucionalidad del texto. El decreto presidencial favorece a políticos presos por la “Lava Jato”.
SUSPENSIÓN. “El indulto no puede ser un instrumento de impunidad”, afirmó la jueza Cármen Lúcia en la decisión que congela el decreto.
Brasilia - La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, Cármen Lúcia, suspendió ayer los efectos de algunos de los artículos del indulto de Navidad a presos concedido la semana pasada por el presidente brasileño, Michel Temer, y que generó una intensa polémica debido a que podía beneficiar a sus aliados condenados por corrupción.
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La suspensión parcial del decreto presidencial fue determinada mediante una cautelar por la magistrada, a petición de la Fiscalía General de Brasil, que cuestionó las flexibilizaciones a las reglas para conceder los indultos por "ampliar los beneficios y crear un potencial escenario de impunidad en el país". En febrero, al finalizar la feria judicial en febrero, el plenario del máximo tribunal deberá tomar una decisión definitiva.
Lúcia, presidenta del STF y encargada de analizar los asuntos urgentes de la corte suprema durante el receso judicial, demoró solo un día para expedir una cautelar en la que acató parcialmente los argumentos de la fiscal general, Raquel Dodge, contra los artículos del decreto de Temer que suavizan las reglas para la concesión del tradicional indulto de Navidad.
"El indulto no es y no puede ser un instrumento de impunidad", argumentó la jueza y al considerar procedentes varias de las críticas de la fiscal, que calificó los beneficios concedidos por Temer como inconstitucionales.
El decreto presidencial conmutaba la pena de los detenidos que hubieran cumplido un quinto de su condena por delitos sin "grave amenaza o violencia contra la persona", si no eran reincidentes, y a un tercio si había reiteración. Los indultos concedidos en 2016 exigían haber pasado al menos un cuarto de la pena tras las rejas, en el primer caso, y la mitad en el segundo. En esa tipología entraban varios crímenes de la operación "Lava Jato".
Cabe destacar que los indultos de Navidad en Brasil establecen una regla general, impersonal, a la que los detenidos pueden acogerse previa solicitación a un juez. Es decir que, montado el marco legal, cada preso que cumple con las condiciones puede exigir el perdón.
"El indulto no es un premio al criminal ni tolerancia con el crimen sino un perdón con el que, el beneficiado que respondió en parte a su pena, puede volver a reconciliarse con el orden jurídico", argumentó Lúcia.
Entre los políticos condenados en el marco del gigantesco escándalo por los desvíos en la petrolera Petrobras figuran varios correligionarios y aliados políticos de Temer.
En la petición que hizo el miércoles la fiscal Dodge para que se declare la inconstitucionalidad del decreto presidencial, afirmó que "en un escenario de declarada crisis y repulsa a la corrupción sistemática, el decreto transmite un mensaje diverso e incongruente con la Constitución, que establece el deber de celar por la moral administrativa, el patrimonio público y el interés de la sociedad", argumentó la fiscal.
También advirtió que el jefe del Ejecutivo "no tiene poder ilimitado para conceder indulto" ya que, de tenerlo, "aniquilaría las condenas criminales, subordinaría al Poder Judicial, restablecería el arbitrio y extinguiría los pilares básicos de la República".
Deltan Dallagnol, jefe del equipo a cargo de investigar las ramificaciones de la operación "Lava Jato" en personas sin fueros políticos, lo consideró "un insulto" que esterilizaba la delación premiada, figura a la que se acogieron decenas de delincuentes para confesar sus crímenes a cambio de una condena más suave.
Antes de que Lúcia suspendiera los efectos de algunos artículos, el ministro de Justicia, Torquato Jardim, había afirmado que no hay "ninguna" posibilidad de que el mandatario revea el indulto navideño.
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