La Corte ya advierte que irá al Congreso a reclamar fondos

Ricardo Lorenzetti

Trepó ayer la escalada verbal entre la Corte Suprema de Justicia y el Poder Ejecutivo, que rechazó de plano haber recortado el 28% el presupuesto del máximo tribunal. Sin embargo, los magistrados advirtieron a través de sus voceros que están dispuestos a concurrir a las comisiones de Justicia y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados para reclamar no sólo por un presupuesto más abultado, sino también por la potestad de definir sus propias partidas sin depender del jefe de Gabinete de ministros. También iría, con Ricardo Lorenzetti a la cabeza, con el reclamo a Carlos Zannini y a Julio Alak.

En la Corte fue una jornada de malestar y quejas generalizadas, ya que con el Presupuesto proyectado para 2011, el máximo tribunal deberá paralizar obras como la nueva Biblioteca y las refacciones del Palacio de Talcahuano, entre otras obras de infraestructura. El clima se tensó aún más con la movilización kirchnerista que reclamó frente a la sede de la Corte la entrada en vigencia de la nueva ley de medios.

Además, Aníbal Fernández acusó ayer la Corte Suprema de Justicia de «mentir descaradamente» sobre el recorte presupuestario del 40 por ciento. «Mienten descaradamente sin cambiar de gesto ni ponerse colorados. Digno de mentirosos con oficio. Como ejemplo de lo solicitado para el Presupuesto 2011, se le redujo al Ministerio de Planificación el 36%; y a Defensa, el 17 por ciento. A la Corte Suprema y al Consejo de la Magistratura, sólo el 1 por ciento», señaló el jefe de ministros.

En varios mensajes difundidos a través de la red social Twitter, Fernández agregó que el Presupuesto para la Corte y el Consejo de la Magistratura para 2011 «es un 18,8 por ciento mayor que el Presupuesto del año 2010». La respuesta al Gobierno estuvo a cargo del constitucionalista y diputado radical Ricardo Gil Lavedra, quien anunció que preparará un proyecto que apunte al envío directo del Presupuesto judicial al Congreso, y que éste decida su pertenencia junto a los gastos de la administración.

El jurista denunció que «alentar desde la televisión estatal la realización de marchas y concentraciones para forzar a la Corte a decidir un asunto que no sólo viola la ley de ética pública, sino también la más elemental regla moral, desconociendo la división de poderes y la independencia de los jueces». Y explicó que «es posible que no autorizar un aumento presupuestario para la Justicia en particular sea razonable, pero desnuda un punto débil y cuestionable del sistema. No está bien que el Presupuesto judicial deba pasar primero por el filtro del Poder Ejecutivo para establecer qué gastos son atendibles o no».

Además, los principales bloques de la oposición en Diputados iniciarán hoy el debate sobre la intervención de Santa Cruz, pero ya acordaron que convocarán al ex procurador Eduardo Sosa para que explique su situación, luego de que la Corte Suprema avaló su restitución.