En una carta enviada a la máxima instancia judicial del país, el jefe de la investigación, Deltan Dallagnol, argumentó a favor de una investigación federal contra el exmandatario debido a que algunos de los presuntos regalos fueron realizados mientras Lula aún era jefe de Estado.
Los fiscales creen que el exmandatario recibió favores de ejecutivos de las empresas de ingeniería Odebrecht y OAS, que fueron acusadas de corrupción y lavado de dinero en el escándalo que implica contratos con Petrobras. Puntualmente, se señala la entrega de dos propiedades: un departamento en Guarujá y una casa de campo en Atibaia.
Si el STF autoriza la investigación, ésta sería la primera vez que los fiscales tendrán por objetivo vincular al popular presidente de izquierda con el mayor caso de corrupción en la historia de Brasil.
Lula ya enfrentó interrogatorios de la Policía Federal por las transacciones financieras de uno de sus hijos y la semana pasada, sus abogados apelaron al máximo tribunal contra la investigación federal, argumentando que Dallagnol y su equipo se habían excedido en su jurisdicción mediante una duplicación de la investigación de los fiscales del estado de San Pablo por esos inmuebles.
La oposición brasileña afirmó ayer que el pedido de apertura de una investigación federal demuestra la "complicidad" del exmandatario con la cadena de corrupción en el escándalo de Petrobras.
"Lula no logra dar explicaciones convincentes sobre el departamento en Guarujá y la casa de campo en Atibaia", declaró el jefe del bloque de diputados del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Antonio Imbassahy.
En su opinión, en las últimas semanas las "evidencias" que comprometen al exgobernante se multiplicaron y se consolida la "convicción de su complicidad" en el escándalo que es tratado en el proceso "Lava Jato", que se tramita en la Justicia Federal de Paraná.
Para evitar ser citado a una comisaría para responder preguntas sobre las propiedades, Lula y su esposa ofrecieron realizar declaraciones por escrito, dijeron sus abogados.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, renunció el lunes bajo presión del Partido de los Trabajadores por no poder controlar las investigaciones sobre hechos de corrupción que se propagaron hasta alcanzar a Lula, su líder fundador.
Su renuncia debilitó a la presidenta Dilma Rousseff mientras lucha por sobrevivir a intentos de la oposición de someterla a un juicio político o anular su reelección de 2014, argumentando que su campaña fue financiada en parte por dinero obtenido mediante sobornos.
| Agencias Reuters y EFE, y Ámbito Financiero |
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