Mas, presidente desde 2010, fue respaldado por los 62 diputados de la coalición de partidos Junts pel Si (Juntos por el Sí) que lidera, pero fue rechazado por el resto de los partidos de la Cámara, un total de 73 escaños.
Los diez diputados del partido CUP (izquierda radical), su único aliado en el Parlamento catalán en defensa de la declaración independentista y que apoya la propuesta de "desconexión" del Estado español, también rechazaron su reelección por su presunta vinculación a casos de corrupción y por haber hecho poca política social en una época de crisis económica.
Tras el rechazo a Artur Mas en la votación de ayer en el Parlamento catalán, está previsto que mañana se celebre una segunda ronda, de nuevo con Mas como candidato y para la que le bastaría una mayoría simple.
Para tener éxito deberá conseguir algún apoyo adicional o la abstención de al menos una docena de diputados. De no lograrlo, hay tiempo hasta el 9 de enero para que las fuerzas separatistas se pongan de acuerdo en un nuevo nombre, pero de haber un entendimiento sería necesario llamar a nuevas elecciones que pondrían en severo peligro el proceso independentista.
Durante el debate de ayer, Mas acusó al Partido Popular (PP), el partido que Gobierna en el Ejecutivo central, haber "sembrado la semilla de la discordia" en el conflicto Cataluña-España.
"Lo más lamentable de todo es que han disfrutado, se lo han pasado bien", denunció Mas, que considera a los populares como "directísimamente responsables" de un choque territorial que les "permite ganar votos, que es lo único que les ha preocupado siempre" (ver página 15).
En paralelo, el Consejo de Estado, máximo órgano consultivo del Gobierno español, emitió un informe que afirma que la resolución secesionista del Parlamento catalán del lunes tiene una clara "voluntad de desobediencia o desacato" a la Constitución y al orden institucional y contraviene los principios de soberanía nacional y unidad de la nación española.
El informe, que será presentado como fundamento jurídico del recurso que hoy presentará el Gobierno de Rajoy ante el Tribunal Constitucional, cree que la resolución soberanista "implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución Española -la atribución de la titularidad del poder constituyente-" y "niega" el orden constitucional vigente en su conjunto.
Si todas las previsiones se cumplen y el Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno central, la resolución de independencia sería suspendida inmediatamente y los magistrados tendrán un período de hasta cinco meses para dirimir la inconstitucionalidad o no de la moción de los secesionistas catalanes y llegar a una sentencia.
Rajoy, en tanto se reunió ayer con el líder del principal partido de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, para evaluar los pasos contra el desafío secesionista. Ambos se mostraron en sintonía para defender la unidad de España y utilizar para ello todos los instrumentos de que dispone la legislación española, pero el socialista insistió en la necesidad de que se intente una vía de diálogo, cerrada hasta el momento por el presidente del Gobierno coservador.
Por otro lado, el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, ordenó a todos los cuerpos de seguridad españoles, incluido la policía regional, a que actúen si en el proceso independentista catalán se produjeran "delitos contra la forma de Gobierno", en los que se enmarcarían también la sedición o rebelión.
| Agencias EFE, DPA, AFP y ANSA, y Ámbito Financiero |
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