La Justicia avaló quitas de Scioli a docentes por paros

El fallo -que ratifica descuentos por huelgas de octubre y noviembre- tensa negociación salarial con el sector

Oscar Cuartango

Buenos Aires - Con el rechazo de un amparo presentado por los gremios -que pretendían que el Gobierno de Daniel Scioli devolviese a los maestros los descuentos por los días no trabajados por los paros de octubre y noviembre pasados-, la Justicia bonaerense avaló esas quitas salariales.

Este nuevo fallo, que de ser apelado llegará a la Suprema Corte provincial, se produce en medio de las paritarias que la gestión sciolista mantiene con los docentes, y que hasta el momento no permiten garantizar el retorno a clases el próximo 27 de febrero.

"No existen acreditados elementos de convicción suficientes para la configuración del fumus boni iuris a los fines del otorgamiento de la medida cautelar requerida", señaló en su fallo la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata.

Los descuentos aplicados a los docentes que adhirieron a los paros del 23 y 24 de octubre y del 22 y 23 de noviembre del año pasado rondaron entre los 600 a 1.200 pesos. Tras ser anunciados por los funcionarios de la administración provincial, los sindicatos Suteba y FEB presentaron el amparo.

En un primer momento, la Cámara ordenó a la Dirección de Escuelas abstenerse de aplicar las quitas, pero en los hechos los descuentos fueron aplicados igual, de la mano de los tiempos que dictan la liquidación de sueldos en la provincia.

Los sindicatos ampliaron entonces el recurso ante la Justicia, denunciando que "las quitas implicaron una práctica desleal con una clara persecución gremial", sobre la base además de casos donde los descuentos fueron aplicados a maestros que se encontraban de licencia.

Al respecto, el ministro de Trabajo bonaerense, Oscar Cuartango, apuntó a fines de 2012 que serían puestos en revisión los casos puntuales donde no correspondía aplicar las quitas, pero remarcó que "es una política de Estado descontar los días que no se trabajan", además de destacar que los docentes "no van a ser pasibles de una sanción" por las medidas de fuerza.

Con ese línea, el Gobierno de la provincia apeló -a través de la Fiscalía de Estado- la resolución de primera instancia y el conflicto quedó en manos de la Cámara de Apelaciones, que ahora avanzó sobre ese punto haciendo lugar a la apelación del Ejecutivo.