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La Policía lo vio de afuera, tras guerra entre Macri y Cristina
Con la noche y los ataques entre vecinos de la zona y los ocupantes que pretenden mantener las posiciones tomadas en el parque de poco sirvieron las explicaciones que uno y otro bando dieron sobre la imposibilidad de retomar el control de toda una zona en conflicto que abarcó también la autopista que comunica con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
Julio Alak, ministro de Justicia, hizo punta temprano con el discurso oficial: «Macri no puede desentenderse de su responsabilidad, la Policía Federal acató la orden judicial de desalojo y entregó el predio a la Policía Metropolitana sin ocupantes. Si el Gobierno de la Ciudad no supo mantener la guarda del lugar luego del operativo no es cuestión nuestra», dijo. Demasiado simple para despegarse de un conflicto que va más allá de la ocupación de un predio público.
Pedido
Y la realidad es que si bien la ley podría darle parcialmente la razón al Gobierno nacional, es imposible pensar que la Policía Metropolitana podría hacerse cargo de una toma como la que asoló al Indoamericano y mucho menos mantener el control en una zona que se transformó en los últimos años en la más insegura de la Capital Federal.
El Gobierno alega entonces que entregó el predio vacío tras el primer desalojo y que los desmanes y tomas posteriores fueron por la inacción de la administración porteña.
El resultado: anoche la Federal y la Metropolitana rodeaban al conflicto, lo miraban de afuera y no amagaban con tomar participación alguna, menos cuando Aníbal Fernández había repetido ayer que al oficial que reprimiera le esperaba el cadalso. Dos fuerzas policiales, entonces, que no sólo dejaron liberado el centro del conflicto, sino que abandonaron también a miles de vecinos que viven en edificios y barrios que rodean la zona.
Macri respondió en una conferencia de prensa donde le pidió directamente a Cristina de Kirchner que enviara la Policía Federal a la zona. «Al no aplicar la ley, el Gobierno nacional perjudica en primer lugar a los más necesitados, porque son los más débiles, ante estas organizaciones», dijo el jefe porteño.
Denuncia
Convencido que los vecinos de la Capital Federal lo acompañarían en su razonamiento, avanzó también sobre las características de los ocupantes al responsabilizar a la «inmigración descontrolada» por los hechos que ya tienen adosadas dos muertes y heridos.
No fue una alusión feliz: poco después, la embajadora de Bolivia en la Argentina, Leonor Arauco Lemaitre, lo cruzó con lo obvio: «Genera un clima de xenofobia. Estamos orgullosos de los casi 1.800.000 bolivianos que vinieron a la Argentina gracias a la Ley de Migración y que aportan con su trabajo al desarrollo de este país». Después anunció que lo denunciaría al INADI.
«Que mande nuevamente a la Policía Federal, que nosotros vamos a sumar lo que tenemos», dijo ayer Macri a Cristina de Kirchner, mientras mantenía la negativa a negociar la entrega de parte de esas tierras a los ocupantes ilegales. Más tarde la razón parecía estar del lado de Macri: el conflicto central pasó a la pelea entre los ocupantes y los vecinos de Soldati y Lugano, históricos de la zona, que se trenzaron en una batalla para que un nuevo asentamiento ilegal no se instalará frente a sus casas.
En la misma conferencia, Guillermo Montenegro aseguraba que la Policía Metropolitana «tiene apostados 60 efectivos en el lugar y no tiene la capacidad operativa para concretar el desalojo. Los números también formaron parte del truco que jugaron Alak y Montenegro: «la Federal tiene 200 efectivos y la Metropolitana 60, pero un total de 1.800 agentes, es decir que posee una infraestructura nueve veces superior para realizar esa tarea», decía el ministro de Justicia y Seguridad Nacional.
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