Lanzó Garré sistema para evitar más usurpaciones

Nilda Garré

Nilda Garré presentó ayer un plan de prevención de nuevas ocupaciones en los predios de la cuenca Matanza-Riachuelo, pero ratificó que en caso de ser necesario un desalojo, sólo prestará las fuerzas de seguridad como «apoyo perimetral». La presentación del Ministerio de Seguridad fue la respuesta oficial al reclamo del juez federal de Quilmes Luis Armella por el desalojo no cumplido en el complejo de viviendas de Villa Soldati.

La ministra explicó que su propuesta, elevada al presidente de la autoridad de la cuenca (Acumar), el secretario de Ambiente, Juan José Mussi, contempla el refuerzo de la seguridad en la ribera del Riachuelo con un esquema de «cuatro patrullajes semanales en horarios discontinuos por vía navegable, terrestre y aérea».

La Justicia, por su parte, volvió a demandar el desalojo del complejo de Soldati ocupado hace más de una semana y consideró «inaceptable» el incumplimiento de esa orden mediante una «postura reticente y cuestionadora» por parte del Gobierno nacional. A través de una resolución dada a conocer ayer, Armella confirmó la vigencia de las multas a los funcionarios de la Nación y la Capital Federal por la continuidad de la toma de las viviendas. En el juzgado dijeron por la tarde que no habían recibido respuesta de ninguna de ambas jurisdicciones al planteo.

El magistrado defendió su intervención en el expediente en contra de la posición del Ministerio de Seguridad, al recordar que en julio de 2008 la Corte Suprema le otorgó al juzgado a su cargo la «competencia exclusiva y excluyente» para entender en los casos relacionados con el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. «Las órdenes emanadas del Poder Judicial deben ser lealmente acatadas, puesto que ello asegura el estado de derecho que rige en nuestro país», agrega la resolución.

El predio ubicado entre las calles Lafuente, Castañares y Portela fue ocupado el 5 de marzo, y cuatro días después Armella libró la primera orden de desalojo, que hasta ayer no había sido cumplida. Desde entonces, el Ejecutivo nacional y el Gobierno porteño se trenzaron en una polémica por las atribuciones de sus respectivas fuerzas de seguridad para el acatamiento de la orden.

Además de confirmar la orden de desalojo, el juez dispuso que una vez cumplida, el titular de Acumar, Mussi, y el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, deberán hacer entrega inmediata de las viviendas a los vecinos de la ribera del Riachuelo a los que les habían sido adjudicadas. También reclamó a Acumar y a ambos gobiernos una mejor planificación en la construcción de viviendas sociales. En el plano político, el Ejecutivo porteño insistió en responsabilizar al Gobierno nacional. Mauricio Macri les endilgó a las autoridades nacionales tolerar a «grupos de usurpadores que en forma violenta se apropian cosas que no son de ellos en lugar de defender los derechos de la gente que respeta la ley». «Esta falta de reacción del sistema político y de las fuerzas de seguridad frente a una orden judicial pone en riesgo esta enorme oportunidad de futuro de los argentinos», agregó.

Por su parte, legisladores de Proyecto Sur pidieron el apartamiento de Armella del expediente por la toma de viviendas. Y reclamaron el envío de la causa a un magistrado en lo Penal y Contravencional porteño. Los diputados Laura García Tuñón y Rafael Gentili alegaron que las facultades del magistrado están acotadas a las tareas del saneamiento del Riachuelo, pero no a un episodio «de materia penal» como la intrusión en las viviendas. Y dijeron haber hecho la presentación en «defensa de la autonomía de la Ciudad, que cuenta con las herramientas legales y políticas» para intervenir.