Las propuestas para mejorar la competitividad industrial

Cuatro son los aspectos temáticos que condensan las modificaciones fiscales a las que apuntan los capitanes de la industria: fomento a la inversión, eliminación de distorsiones, racionalización de la tributación local y revisión de la Ley Penal Tributaria.

 Todas las organizaciones tanto empresariales como profesionales, a través de sus cuadros técnicos, se encuentran abocados desde hace varios años a la generación de propuestas de reformas tributarias que alivien la pesada carga fiscal que se gestó en los últimos años como consecuencia de un gasto público alto y a la vez que estimule la inversión.

Estas propuestas han adquirido un renovado protagonismo frente al compromiso del Gobierno de revisar la estructura impositiva en aras de establecer un sistema tributario; es decir un conjunto armónico de tributos que despeje distorsiones e incentive la producción y el empleo.

Entre esas iniciativas se encuentra la propiciada por la Unión Industrial Argentina (UIA), elaborada por el Departamento de Política Tributaria de la institución cuyo presidente, Carlos Abeledo, expuso en el marco de la reciente 22º Conferencia Industrial Argentina organizada como cada año por la UIA.

Entorno

Desde ya que tratar de impulsar determinadas modificaciones sin evaluar el contexto y su impacto en la recaudación le harían perder efecto, motivo por el cual la exposición de Abeledo comenzó mostrando la evolución del gasto público consolidado Nación-Provincias entre 1998 y 2015 donde para el extremo más antiguo se ubicaba en el 23,2 por ciento del PBI mientras que el año pasado había trepado al 38,6 por ciento porcentaje que se incrementa al 40/41 por ciento si se le suma el gasto de los municipios.

Por su parte la presión tributaria consolidada Nación-Provincia medida entre 2004 y 2015 arroja que en el primero de los años la presión fue del 24,3 por ciento en tanto que 2015 finalizó con un 32,1 por ciento sobre el Producto Bruto Interno y si se le adiciona los municipios el nivel se eleva al 34 por ciento.

Para mayor abundamiento el miembro de la UIA detalló la ubicación de la Argentina frente al promedio de alícuotas en el mundo y en América Latina, como da cuenta el Cuadro 1

Las propuestas que puntualizó Abeledo tienen por objetivo conformar una "agenda de políticas fiscales para mejorar la competitividad", sin soslayar el impacto que podrían generar en la recaudación, la cual se vería compensada con el mayor nivel de actividad económica a juicio del departamento tributario de la UIA.

Síntesis de las propuestas

En total son 10 las modificaciones propiciadas que de manera temática buscan el fomento a la inversión; la eliminación de distorsiones; la racionalización de la tributación local y la revisión de la Ley Penal Tributaria.

• Fomento a la inversión

En esta materia se propugna la implementación de estímulos fiscales para inversiones en actividades productivas. Sin desconocer las medidas adoptadas en la Ley 27.264 para las pyme la entidad industrial entiende que cumplirían esa finalidad la instrumentación de un régimen de amortización acelerada de bienes y/o la desgravación de parte del monto invertido del resultado impositivo de Ganancias y paralelamente la devolución anticipada del crédito fiscal del Impuesto al Valor Agregado, medida que ya fue utilizada en algunos incentivos anteriores.

Asimismo implementar un régimen de deducción de interés sobre el capital propio aplicando una tasa de interés sobre el patrimonio de manera de tratar simétricamente al capital propio con el endeudamiento, régimen que se aplicaría en tanto se realicen inversiones en bienes de capital. Brasil y Bélgica, con diferencias, ya tienen legislaciones en este sentido.

Dentro de este objetivo se entiende apropiado armonizar las alícuotas del Impuesto a las Ganancias con las aplicables en la región reduciéndola al 30% complementándola con un impuesto adicional, por caso del 7%, sobre las utilidades distribuidas lo que implicaría pagar menos cuando las utilidades son reinvertidas. Para las pequeñas y medianas empresas la alícuota debería ubicarse en un 25%. Reforzando esta propuesta se sugiere incrementar el pago a cuenta de cargas sociales con el IVA ampliando los porcentajes de cómputo de las contribuciones patronales (Dto. 814/01) y restableciendo el límite máximo de remuneración sujeta a contribuciones a cargo de los empleadores que fue eliminado en 2005, lo que generó un aumento del costo laboral respecto de su personal jerárquico.

• Eliminación de distorsiones

A los efectos de no gravar ganancias puramente nominales que generan una afectación patrimonial en el contribuyente en un contexto de incremento permanente de precios se considera necesario restablecer el ajuste por inflación impositivo y en cualquier supuesto, debe permitirse la actualización de las amortizaciones y el costo de bienes transables.

Si de distorsiones se trata no se puede obviar el Impuesto sobre los Créditos y Débitos Bancarios respecto del cual se propicia el incremento gradual como pago a cuenta de otros tributos, incluyendo el IVA, hasta su eliminación total.

La propuesta de derogar el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta se da como objetivo cumplido habida cuenta con dispuesto en la Ley Pymes y la Ley de Sinceramiento Fiscal.

• Racionalización de la tributación local

El principal tema de este aspecto es, tal como se propone, aprobar una nueva Ley de Coparticipación Federal de Impuestos como dispone la manda constitucional y que lleva, nada más ni nada menos que 20 años sin ser cumplida.

Adicionalmente la creación de tasas por parte de los municipios con dudoso sustento sumado al Impuesto sobre los Ingresos Brutos merecen a juicio de la Unión Industrial Argentina reemplazar este último tributo y las tasas municipales que se recaudan en función a ingresos, por un impuesto final a las ventas.

En ese contexto se propugna que las provincias eximan de Ingresos Brutos a la actividad industrial o se aplique una alícuota reducida uniforme y sin distinción por el lugar de fabricación (p.e. paga menos el radicado en la jurisdicción que el que fabrica fuera de la misma).

Asimismo los industriales recuerdan lo provechoso que sería establecer por ley convenio un Código Fiscal Unificado al que las provincias y los municipios adhieran. No podía faltar el reclamo sobre los regímenes de recaudación propiciando su eliminación, creando un anticipo de impuesto o unificando los mismos en una regulación a cargo de la Comisión Arbitral, a la cual también se le solicita que fije criterios claros y preciso para la asignación de ingresos y gastos en el Convenio Multilateral así como dictar una nueva reglamentación del Protocolo Adicional.

• Otras cuestiones

La cuestión excluyente es la Ley Penal Tributaria, legislación que para el sector industrial se vería mejorada con dos reformulaciones. Por un lado establecer un criterio mixto a fin de fijar los umbrales de punición de los tipos penales: a) número determinado de salarios mínimos, vitales y móviles u otros parámetros y b) porcentajes determinados respecto del monto del tributo que hubiese correspondido declarar.

En este orden también se sugiere la posibilidad de dispensar para la formulación de la denuncia penal por parte del Fisco bajo determinados supuestos y la prohibición absoluta de tal denuncia en determinaciones de deuda practicada sobre la base de presunciones.

Este cúmulo de medidas fue enviada para su consideración a la Comisión para la Reforma del Sistema Tributario creada en el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas.