Las reservas en la Justicia: vía muerta para la oposición

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El rechazo de la Corte Suprema de Justicia de la acción de amparo presentada por la provincia de San Luis contra el Decreto de Necesidad y Urgencia 2.010/09, que habilitó el uso de reservas del Banco Central para renegociar vencimientos de la deuda pública en 2010, prácticamente clausuró la posibilidad de que el máximo tribunal se pronuncie sobre la validez de la medida. Si bien existen numerosas demandas contra la disposición del Ejecutivo, es casi inviable que alguno de los recursos tenga legitimación suficiente para que el cuerpo resuelva el caso. Toda la responsabilidad está ahora en el Congreso.

A pesar del impacto que generó el amparo que presentaron el PRO y la CC en diciembre pasado contra el DNU que dispuso la creación del Fondo del Bicentenario, la demanda probablemente nunca llegue a ser tratada por la Corte. En este momento existen dos vías posibles para que el caso llegue al máximo tribunal: que se trate la medida cautelar o que la causa llegue por vía ordinaria, una vez que exista una sentencia definitiva.

En el primer caso, el Gobierno debe apelar el fallo de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, que hace dos semanas ratificó la medida cautelar dictada por la jueza María José Sarmiento y confirmó que el DNU debía ser suspendido hasta que el Congreso se pronunciara sobre la resolución.

Esta vía es la más improbable para acceder a la Corte, ya que en general el máximo tribunal rechaza este tipo de planteos, evitando resolver medidas cautelares, a la espera de que las instancias inferiores resuelvan sobre la cuestión de fondo y haya una sentencia definitiva.

Por lo tanto, la causa impulsada por los diputados del PRO y la CC, Federico Pinedo y Alfonso Prat Gay, podría acceder a la Corte sólo a través de la vía ordinaria. En este punto, los tiempos son fundamentales: más allá de que el proceso sea expeditivo, los plazos procesales de una demanda ordinaria llevan tiempo y el planteo de la oposición recién está en primera instancia.

Para cuando el caso llegue a la Corte, es probable que el Congreso ya haya tratada la validez del DNU en sesiones ordinarias, por lo que los diputados amparistas no tendrían legitimación para que la demanda sea aceptada por la Corte. La jurisprudencia histórica del máximo tribunal es no aceptar la legitimación de diputados y senadores para presentar demandas ante la Justicia, sobre todo por cuestiones que se discuten en el Congreso.

A diferencia del planteo de San Luis, que reclamó tener competencia originaria debido a que el DNU debilitaría el valor de la moneda y afectaría la situación financiera de la provincia (argumento que fue rechazado por la Corte), el amparo del PRO y la CC se basa en que la forma en que fue dictado el DNU habría menoscabado la función del Poder Legislativo, razón por la que pide la inconstitucionalidad de la medida. Si el Congreso efectivamente trata el DNU, el planteo podría volverse abstracto.

Opción

La única opción que podría hacer llegar el planteo al máximo tribunal es que las instancias inferiores se pronuncien sobre el fondo de la cuestión antes de que el Poder Legislativo discuta el DNU, lo que es casi imposible teniendo en cuenta los tiempos de un proceso ordinario. En ese caso, incluso, la Corte debería hacer una excepción en su jurisprudencia para admitir la legitimidad de los legisladores y resolver el planteo (lo ha hecho sólo en dos oportunidades desde 2007, pero en casos en los que el Congreso no trató esos temas).

La situación es la misma para el resto de los amparos presentados por la oposición (UCR y PJ disidente), que probablemente la Justicia unifique en una sola causa. Así, el laberíntico camino judicial que inició el DNU de las reservas, y que provocaron enorme desgaste y pérdidas (un presidente del Banco Central y un procurador del Tesoro, para ser más preciso) al Gobierno, se diluyó el martes pasado con el rechazo de la Corte al planteo de San Luis. Los resultados de la estrategia judicial, sin embargo, todavía son disfrutados por la oposición que deberá imponerse en el Congreso si quiere capitalizarlos definitivamente.

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