Rousseff, que programó un breve viaje entre la Navidad y el inicio de 2015 cuando comenzará su segundo mandato, pidió a algunos colaboradores que no se alejen de Brasilia en el final del año, que coincide con el receso legislativo, informó el sitio brasileño de noticias Brasil247. De acuerdo con fuentes del Gobierno, la mandataria teme que en ese momento estalle lo peor de la crisis por el caso Petrobras: la filtración de los nombres de políticos del oficialista Partido de los Trabajadores (PT) y de su socio en la coalición, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) involucrados en el esquema de desvío de dinero de la compañía.
El riesgo de que esas identidades se divulguen antes de que la presidenta inicie su segundo Gobierno creció ayer luego de que 12 acusados de participar en la millonaria red de desvíos acordaron con la fiscalía suministrar detalles de los fraudes y nombres de beneficiados a cambio de que se les reduzca la pena.
Según informó el diario O Globo, la cifra récord de delaciones premiadas vinculadas a un mismo caso es de vital importancia para que los investigadores accedan a los pormenores del esquema de corrupción, que se estima desvió cerca de 3.850 millones de dólares entre 2004 y 2012.
Los primeros acuerdos de delación premiados fueron firmados por el exdirector de Abastecimiento de Petrobras Paulo Roberto Costa y el cambista Alberto Youssef. Sus declaraciones fueron fundamentales para los investigadores, debido al alto grado de implicancia de ambos en las irregularidades.
Costa acusó a 28 políticos (26 oficialistas) como beneficiarios de las maniobras de corrupción. Entre ellos figuran el actual ministro de Minas y Energía, Edinson Lobao; los presidentes de la Cámara de Diputados, Henrique Eduardo Alves, y del Senado, Renan Calheiros; exministros de los Gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de Rousseff; diputados, gobernadores y exgobernadores. Se espera que el número de dirigentes implicados aumente conforme avancen las declaraciones de nuevos acusados.
En tanto, el escándalo comenzó a afectar la banca brasileña, que recibió millonarias sumas provenientes de los desvíos de fondos perpetrados en la petrolera estatal y empresas constructoras.
De acuerdo con el diario Folha de Sao Paulo, los bancos privados se resisten a transferir a cuentas judiciales, en forma inmediata, los montos pertenecientes a acusados de participar en los fraudes que la Justicia ordenó que fueran bloqueados.
El juez Sergio Moro decretó el bloqueo de hasta 20 millones de reales (unos 7,7 millones de dólares) por cada acusado, con el fin de evitar que continúen usufructuando "del producto de sus actividades delictivas". Ese dinero debe ser transferido a cuentas judiciales del banco estatal Caixa Económica Federal.
No obstante, los bancos aducen que parte de los fondos fue invertido en aplicaciones a largo plazo -algunas con fecha de vencimiento recién en 2016-, por lo que solicitaron que el bloqueo se concrete a medida que vayan venciendo los títulos.
Por su parte, los ejecutivos afectados también luchan en la Justicia para revocar el dictamen de Moro, bajo el argumento de que no todo el dinero que tienen depositado a su nombre proviene de los desvíos de Petrobras.
| Agencias DPA y Brasil247 |