4 de agosto 2010 - 00:00

Logró Macri ganar tiempo para cambiar comisión investigadora

El radical PRO Martín Ocampo, titular de la Comi-sión de Asuntos Constitucionales que debatió ayer en la Legislatura porteña. Martín Hourestm, Fabio Basteiro (Proyecto Sur) y la kirchnerista María José Lubertino, durante la espera (arriba). Aníbal Ibarra y Diego Kravetz (abajo) compartieron posiciones.
El radical PRO Martín Ocampo, titular de la Comi-sión de Asuntos Constitucionales que debatió ayer en la Legislatura porteña. Martín Hourestm, Fabio Basteiro (Proyecto Sur) y la kirchnerista María José Lubertino, durante la espera (arriba). Aníbal Ibarra y Diego Kravetz (abajo) compartieron posiciones.
La Legislatura porteña definirá el viernes próximo cómo investigará a Mauricio Macri, ya no en la instancia de juicio político que perdió el PRO, sino de la comisión especial que propuso la oposición. También se pedirá la concurrencia voluntaria del jefe de Gobierno al recinto para el próximo 24 de agosto.

El PRO, en la búsqueda de escollos y sin contar con los votos para el autojuicio político, logró demorar la definición y ayer terminó escandalosamente la reunión de Asuntos Constitucionales que avanzó sobre la investigación a Macri por su presunta responsabilidad política en la causa de escuchas ilegales por la cual está procesado.

En lo único que hubo acuerdo, y a medias, fue en emitir una resolución para que la Legislatura solicite al juzgado de Norberto Oyarbide el expediente en el cual procesó a Macri por presuntamente avalar una matriz de espionaje en su administración.

La oposición y el macrismo se cruzaron con dureza durante el debate de proyectos referidos al caso, y con tono más subido, cuando abruptamente se pasó a cuarto intermedio para el viernes. Entre los más ofuscados estuvieron la kirchnerista María José Lubertino, a quien el oficialismo cortó la palabra para levantar la reunión, y el titular del bloque peronista, Diego Kravetz, que protestó a los gritos reclamando porque no hubo votación para decidir posponer la reunión. ¡Es vergonzoso lo que hicieron!, le gritaba el legislador al titular de Asuntos Constitucionales, el radical PRO, Martín Ocampo.

En el momento de clausurarse, el debate era si la comisión especial (con el PRO ya resignado a no tener juicio político exprés) debía tener representación proporcional de los bloques y así el macrismo contar con el 40% de los miembros, como tiene en el recinto.

La Coalición Cívica hizo añicos el proyecto de juicio político que impulsa el propio Macri, mientras el PRO esgrimió argumentos aparentemente sólidos para reclamar que más diputados de su bloque integren la comisión especial, por lo que pelearán hasta el viernes, cuando se renueve la discusión.

El encuentro comenzó cerca de las 16 en el Salón Montevideo del palacio de Perú 130, abarrotado de asesores y colaboradores, casi todos los diputados, no sólo los de la Comisión de Asuntos Constitucionales que registra 15 integrantes, y no alcanzaron las sillas.

La oposición -36 diputados de 12 bloques- llegó a la sala con un acuerdo para armar la comisión investigadora especial que rechaza el PRO, concediéndole al oficialismo contar allí con 4 de los 17 diputados que la integrarían, mientras el resto serían uno por bloque, excepto Proyecto Sur, que sumaría dos. La propuesta la formuló Kravetz, para «investigar la verdad sobre las escuchas y dilucidar las responsabilidades políticas tanto del jefe de Gobierno como de los ministros y funcionarios», una vez que la comisión acordó pedir el giro de la causa judicial y confrontó sobre la posibilidad de citar a Macri al recinto para que brinde explicaciones sobre el tema.

Hasta para el giro del expediente hubo contrapuntos. El macrismo lo avaló porque el proyecto de Julio Raffo (Proyecto Sur) especifica que es para «eventualmente» aplicarlo al juicio político, según argumentó Martín Borrelli (PRO), uno de los principales defensores que tuvo el oficialismo en la sala.

«Quédense tranquilos los macristas que si surgen hechos graves en la Comisión Investigadora, entonces le vamos a aprobar el juicio político», ironizó Raffo.

Todo se había conversado en una reunión previa de los presidentes de las bancadas, incluido el macrismo, excepto la estrategia que PRO se reservó para la circunstancia. Así, el macrismo desembarcó con todo el atropello que pudo para frenar la embestida y los artilugios que se usan en esas situaciones, como interrumpir a los adversarios o plantear temas accesorios de discusión. Tampoco se privó de refrescarle en cada oportunidad que pudo a Aníbal Ibarra su propio juicio político y la interpelación de entonces.

La reunión duró unas cuatro horas, de las cuales las tres últimas se debatió «comisión investigadora o juicio político». La oposición rechaza el enjuiciamiento porque considera que se trata de un trámite exprés para que el jefe porteño, con la bondad que le otorgan los votos propios, no sea acusado y mucho menos destituido.

Proyecto opositor

El macrismo rechazó, inclusive, el proyecto de la oposición para invitar a Macri al recinto, sosteniendo que la vía para contar con esa presencia era la interpelación, para la cual, claro, la oposición no tiene votos. Entonces Ibarra, entre otros, explicó el tema de la citación a voluntad y le saltó Borrelli diciendo que el ex jefe de Gobierno «se escondió detrás de los gerentes de los boliches» cuando ocurrió la tragedia de Cromañón. Fue sólo una de las intervenciones que hicieron referencia a esa desgracia.

De todos modos, la oposición tiene mayoría en la Comisión de Asuntos Constitucionales, y ya firmó sus despachos, tanto de la comisión investigadora especial, como la citación a Macri y el pedido del expediente judicial.

El macrista Helio Rebot se explayó en la defensa de mantener la proporcionalidad en la comisión y confrontó con Raffo en ese sentido, quien le dijo que si la Constitución porteña decía «representación de los bloques y alianzas» para formar la investigadora y no «proporcionalidad» es porque no habla de proporción. Rebot refutó con que si el PRO se partía en 24 bloques, uno por diputado, tendría 24 representantes.

A su turno, Fernando Sánchez (Coalición Cívica) sostuvo que no le parecía «que sea bueno mezclar cuestiones como hizo Rebot», confundiendo lo que es la comisión de la Sala Acusadora con la que impulsa el antimacrismo. El legislador hizo, además, referencia a que la propia comisión que estaba sesionando no respetaba las proporciones y luego refirió que es correcto el proyecto del izquierdista Marcelo Parrilli que pide juicio político porque está bien formulado.

El jefe del bloque que responde a Elisa Carrió y defiende la comisión especial explicó también que «si bien el juicio político tiene que tener algunas similares garantías, una de ésas es establecer alguna acusación de algo, una de las tres causales que plantea la Constitución» y así sostuvo que el proyecto macrista no formula acusación y «debe ser rechazado in límine» por no estar ajustado a la norma. En ese sentido, también Rebot defendió la teoría de que el pedido de juicio político pase directamente a la Sala Acusadora sin que antes lo voten en el recinto. Lo refutó Raffo, trayendo el antecedente de 2005, cuando se promovió la destitución de Ibarra.

Kravetz luego intervino para «dejar constancia de que hay tres despachos (citación, remisión, comisión) que están firmados» por la oposición. Por eso también el legislador se enojó con la cita para una nueva reunión esta semana, cuando ya se podría contar ayer con los despachos de mayoría y minoría.

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