Para la Comisión quedó ampliamente demostrado que las "graves violaciones" de derechos humanos perpetradas durante 21 años fueron una "política de Estado", rechazando la explicación de las Fuerzas Armadas de que fueron hechos aislados o excesos de algunos militares.
En dos años y siete meses de trabajo, la CNV registró 434 muertos o desaparecidos comprobados, víctimas políticas directas durante los denominados "años de plomo", y se identificaron 230 locales en todo Brasil donde se perpetraban violaciones a los derechos humanos. El informe, en sus 4.400 páginas, señaló, además, a 377 agentes estatales responsables de crímenes contra la humanidad.
Las violaciones, perpetradas en su mayoría por el temido órgano de inteligencia y represión (DOI-CODI), comprendían la prisión o detención ilegal arbitraria; la tortura; la ejecución sumaria, arbitraria o extrajudicial y otras muertes imputadas al Estado; y la desaparición forzada, que incluye el ocultamiento del cadáver.
El grupo de trabajo aseguró que también se cometieron graves delitos contra niños, campesinos e indígenas.
"Respetamos y reverenciamos a todos quienes lucharon por la democracia", dijo la presidenta Rousseff, quien recibió el informe y derramó lágrimas durante su discurso al asegurar que las nuevas generaciones y las familias de las víctimas merecían la verdad porque, sin ella, "continúan sufriendo como si sus familiares murieran de nuevo".
La CNV fue creada en 2011 por la mandataria, una exguerrillera que estuvo presa y fue torturada por el régimen militar y cuyo testimonio fue recogido por este grupo de trabajo, al igual que el de sus colegas Luiz Inácio Lula da Silva y Fernando Henrique Cardoso, en calidad de víctimas de la dictadura.
Brasil no juzgó a los represores de la dictadura por una ley de 1979, ratificada en 2010 por el Tribunal Supremo Federal (TSF), que amnistió a policías y militares que violaron los derechos humanos.
En su trabajo, la comisión consideró que la amnistía es incompatible con el derecho brasileño y el orden jurídico internacional. Esos delitos "constituyen crímenes de lesa humanidad, que son imprescriptibles y no sujetos a amnistía", afirmó y agregó que quienes estén acusados de "graves violaciones de los derechos humanos" sean procesados de forma individual.
Rousseff, cuyo Gobierno manifestó "respeto" por esa decisión del TSF, insistió ayer en que la sociedad "valora los pactos políticos que llevaron a la democracia", demostrando que la sugerencia de la CNV no tendrá mucho eco.
La decisión de incluir esa recomendación, que no tiene carácter vinculante, no fue unánime en la Comisión de la Verdad. El abogado José Paulo Cavalcanti aseguró que no se puede "cuestionar" una decisión del máximo tribunal.
Ocho militares que ejercieron como presidentes durante la dictadura -todos ya fallecidos- desde Humberto de Alencar Castelo Branco (1964-1967) hasta Joao Baptista de Oliveira Figueiredo (1979-1985) fueron identificados como responsables de los crímenes al igual que exministros y altos jefes militares.
La CNV recordó que en América Latina hay significativa jurisprudencia respecto a la no aplicación de leyes de amnistía a crímenes de lesa humanidad y exhortó a las Fuerzas Armadas a pedir disculpas. Propuso además que se prohíban celebraciones oficiales que conmemoren el golpe de Estado y que se fortalezca la política de localización y apertura de archivos de ese período, entre otras recomendaciones.
El trabajo de la comisión fue destacado ayer por el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que pidió una divulgación "lo más extensa posible" de sus hallazgos y recomendaciones.
Amnistía Internacional, por su parte, consideró el informe como un "paso histórico" que "abre el camino para que la ley de amnistía no sea un obstáculo para investigar estos crímenes", según su director en Brasil, Atilo Roque. Mientras que Human Rights Watch (HRW) demandó que el país avance ahora hacia el castigo de los culpables de delitos.
| Agencias AFP, DPA, EFE, ANSA y Reuters |