Los contribuyentes argenti-nos están sometidos a una estructura legislativa gravemente sesgada, que los perjudica de forma contundente. Estructura que favorece a las provincias que viven de la Coparticipación Federal de impuestos. Un proceso injusto, que resta incentivos a la creación de riqueza, exacerbando la pobreza.
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Una verdadera brecha legislativa enerva la creación de oportunidades y engrandecimiento del empleo productivo, en la Argentina.
Distinguimos cinco provincias que recaudan impuestos locales y abarcan el 67,70% de la población, con el 47,72 de legisladores. A ellas, el Gobierno nacional
les quita considerables recursos. Las otras 19 provincias, con 33,30% de la población nacional, ostentan el 52,28% de los legisladores nacionales y se beneficiaron con la transferencia de 100.000 millones de pesos en 2015 a costa de las cinco más productivas. En la brecha injusta, que atrasa, la locomotora de cinco jurisdicciones está integrada por Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Tucumán.
Desigualdades
Las otras 19 provincias se benefician con las mayores transferencias por habitante del Gobierno nacional, por lo cual no impulsan recaudar impuestos propios. Mientras la provincia de Buenos Aires percibió algo menos de 5.000 pesos por habitante en 2015, Tierra del Fuego cobró más de 40.000, en el mismo año, además de cuantiosos beneficios por el régimen preferencial de esa entidad. Otras provincias que recibieron las mayores transferencias de coparticipación, por habitante, fueron Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja, Santa Cruz. Si la coparticipación se hubiese repartido igualitariamente por habitante, este grupo de 19 provincias hubiera recibido 100.000 millones de pesos menos, en 2015. Que fueron quitados a las cinco jurisdicciones más dinámicas.
No puede sorprender que las provincias que viven de recibir
la coparticipación tengan gobiernos cuya prioridad es engrosar la ocupación en el Estado y así conseguir votos. No ofrecen incentivos para las empresas privadas, que generan riqueza, pero cuya gente, directivos y empleados, puede interesarse en desarrollar la provincia y disputar el poder.
No es casualidad que el grupo de provincias más favorecido con la coparticipación también disfrute de una representación desproporcionada. Con sólo 33% de la población argentina está representado por el 52% de los legisladores en el Congreso Nacional. Mientras la provincia de Buenos Aires necesita 200.000 habitantes por cada legislador nacional, La Pampa coloca 5 y Santa Cruz 6.
La representación popular está distorsionada por la distribución de los votos en el Congreso. Por eso las provincias consiguen que los recursos de la coparticipación se repartan de forma asimétrica, con el resultado señalado. Estas graves distorsiones, falta de incentivos a la producción, el empleo y consiguiente retraso son la consecuencia.
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