Casal tendrá, cuando algún día haga un análisis del episodio, razones para creer que fue pura gestualidad. Si es más benévolo leerá que la buena intención de Scioli le sirvió al gobernador para dimensionar el valor del sillón de fiscal de Estado.
La carambola triple de premiar al ministro con la Fiscalía, sentar a un K en Seguridad y poner a un sciolista en Justicia tenía una malformación: el pliego de Casal era «invotable» para los K y el mandato de Cristina de Kirchner es no participar del gabinete sciolista.
Sergio Berni, ministro bis de Seguridad, formó parte de las elucubraciones sciolistas en persona o a través de un delegado puesto por él. Out. El guiño mayor de Berni fue, ayer, un tibio elogio a Scioli al considerarlo «parte del proyecto nacional».
Lo único sólido de la pirueta era la posibilidad de designar, previa división del ministerio, al diputado Iván Budassi en Justicia, decisión que en paralelo le haría perder a uno de sus alfiles más vigorosos en la Legislatura.
Una variable sacó del ajedrez el componente K y contempló que Budassi se instale en Seguridad. Así y todo, una pieza sigue suelta: dónde ubicar a Casal, que desde 2007 integra el gabinete sciolista. Sonó, antes de que allí aterrice Eduardo Camaño, para la Secretaría General.
El expediente Casal detonó otras inevitabilidades: ni su interés -entendió el poder de daño de ese cargo- ni el del peronismo permitirán entregar la Fiscalía a la oposición.
El PJ esperó durante años por la vendetta: a días de dejar la gobernación, el radical Alejandro Armendáriz designó al radical Ricardo Szelagowski y luego la sucesión de mandatarios peronistas instaló el supuesto de que corresponde, de facto, a la oposición.
Hernán Gómez, adjunto a cargo, seguirá hasta que se ordene el entuerto pero con una certeza: el próximo fiscal de Estado será producto de una negociación interperonista.
El tercer ítem de la secuencia de inevitables a los que arribó Scioli se vincula lateralmente con la salida de Casal: el próximo ministro de Seguridad llegará precondicionado por el cambio que operará en materia de policías locales.
En unos meses, difícilmente antes de fin de año, entrará en vigencia una ley sobre policías municipales. Ayer, amparado por Gabriel Mariotto, el debate empezó a tomar visibilidad.
El formato final es incierto, pero en 2013 los alcaldes tendrán mayor incidencia sobre las políticas de seguridad. De mínimo, podrán designar a los comisarios que actúen en sus dominios; de máxima, se convertirán en jefes de condados.
El arco roza los extremos. De un lado, Marcelo Saín, exfuncionario de Néstor Kirchner y actual diputado de Nuevo Encuentro, propone traspasar fondos, agentes y la decisión política a los intendentes (opcional), y deja a la provincia la cuestión macro y los delitos complejos.
Sergio Massa, promotor de la policía municipal, adhiere a esa mirada. Intendentes como Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Jorge Ferraresi (Avellaneda) o Fernando Gray (Esteban Echeverría) avalan el marco pero con observaciones.
Del otro, el proyecto sciolista propone transferir de manera opcional a los distritos de más de 70 mil habitantes la jefatura política a los intendentes pero dejar «atada» la fuerza al mando provincial. Una especie de doble comando.
El denarvaísmo, a través del excomisario Guillermo Britos, sugiere un esquema de conducción compartida entre la provincia y los intendentes aunque «municipaliza» de hecho la Policía.
Medular, el tironeo se enfoca en dos grandes cuestiones:
Dejá tu comentario