"Son blanco de la acción (judicial) Robson Bonin, Adriano Ceolin y Daniel Pereira, que firman los reportes de portada de la edición 2.436" de Veja, además del jefe de redacción de la revista, Eurípedes Alcântara, dice una nota difundida por el Instituto Lula, que dirige el exmandatario.
La nota en cuestión, publicada el pasado fin de semana y titulada "Le llegó la hora", afirma que uno de los empresarios detenidos por el escándalo en Petrobras decidió revelar "secretos devastadores" sobre una supuesta participación de Lula y uno de sus hijos en ese asunto.
Según el Instituto Lula, que a través de sus abogados exigió "una reparación por daños morales", el artículo "es repugnante, por la forma como fue escrito y por la absoluta ausencia de elementos que le puedan dar soporte".
También sostiene que "la libertad de comunicación y de prensa presupone la necesidad de que el periodista o el medio sean pautados por la verdad", lo cual afirma que no se cumplió en ese caso.
"El reporte repite prácticas comunes en Veja: miente, hace acusaciones infundadas y sin pruebas, presenta hilaciones como si fuesen hechos, atribuye palabras y hechos, no tiene fuentes y busca atacar, de todas formas, la honra e imagen del expresidente", apunta el comunicado en referencia a la revista semanal que es un emblema del periodismo oposición más duro contra el Partido de los Trabajadores.
Por el escándalo de corrupción en Petrobras se investiga a medio centenar de políticos, entre los cuales figuran decenas de diputados y senadores, pero en la extensa lista no está Lula da Silva.
Aun así, un fiscal del Ministerio Público abrió hace diez días una investigación para determinar si el exmandatario incurrió en el delito de tráfico de influencias al promover en el exterior a algunas empresas investigadas por la corrupción en la petrolera estatal, sobre todo Odebrecht, la mayor constructora de América Latina.
Frente a esa acción, los abogados del exmandatario exigieron al Ministerio Público que investigue al fiscal Valtan Timbó Mendes Furtado, autor de esa iniciativa, por darle curso a un caso "sin ningún indicio" de delito, "ignorar el derecho a la defensa" y unas supuestas irregularidades en la conducción del proceso.
El Ministerio Público aceptó iniciar un proceso disciplinario contra el fiscal, pero se abstuvo de suspender el proceso abierto contra el expresidente.
En esa acción, Lula es investigado por supuestamente haber influido en el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), después de concluir su mandato, para que financiara diversas obras de Odebrecht en países latinoamericanos y africanos.
Según la Fiscalía, tras dejar la Presidencia en enero de 2011, Lula hizo viajes a Panamá, Venezuela, República Dominicana y Ghana costeados por Odebrecht, que forma parte de la veintena de empresas privadas vinculadas a las corruptelas en Petrobras.
El expresidente ha justificado el dinero recibido de esa compañía como parte de los honorarios acordados por su participación en diversas conferencias.
El expresidente sostiene que las acusaciones ignoran que todos los mandatarios y exmandatarios patrocinan los negocios de las empresas de sus países en el exterior, y está convencido de que buscan destruir la posibilidad de que se presente como candidato en los comicios de octubre de 2018.
Odebrecht, en tanto, emitió hace pocos días un comunicado en el que sostiene que "las alegaciones presentadas por el Ministerio Público Federal de forma mediática y escandalosa (...) no justifican bajo ninguna hipótesis el mantenimiento de la prisión arbitraria e ilegal del director presidente del Grupo, Marcelo Odebrecht, y de cuatro exejecutivos".
| Agencia EFE y Ámbito Financiero |
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