Macri apelará a decretos para evitar a legisladores

Mauricio Macri

Mauricio Macri comenzó a buscar atajos para eludir a la Legislatura porteña, donde los bloques opositores, cree, lo entregan a un asedio de año electoral trabándole iniciativas que requiere su gestión. El jefe de Gobierno envió señales ya en ese sentido a los diputados y está dispuesto a llevar adelante medidas que requiera a través de otros caminos legales como decretos o resoluciones.
Macri demostró esa estrategia, que podría profundizar en sintonía con la demora de sanción de normas, al decidir el año pasado prescindir de la ley que cambiaría la modalidad y los contratos de recolección de residuos en la Ciudad de Buenos Aires. En cambio, el jefe de Gobierno porteño prorrogó hace diez días las concesiones a las empresas por lo menos por un mes mientras el Ministerio de Espacio Público que conduce Juan Pablo Piccardo discute los montos de las contrataciones para 2009 con la idea de prolongar el servicio a las mismas empresas que actualmente lo prestan, hasta fin de año. Los diputados le han devuelto el proyecto de ley que envió el ministro totalmente modificado tras las protestas que protagonizaron organizaciones ambientalistas y la negativa de algunos bloques de volver al pago del servicio de acuerdo con el peso de la basura recolectada. Aún el ministerio no regresó ese proyecto que nada tiene que ver con el original y por el momento lo dejaría en espera para ver si puede adaptarlo a una futura licitación, el año que viene.
Pero, también Macri está disgustado por la demora en la sanción de la ley que les prometió a los empleados municipales para que puedan cambiarse de obra social si lo desean (ver nota aparte).
Acuerdo
Si bien las bancadas están divididas internamente en relación con ese proyecto, el Gobierno macrista ha encontrado acuerdo en el sindicato para que el nuevo directorio decrete la libre opción en caso de no contar con la ley que se demora en el recinto. Algunos interpretan que hoy vence el plazo de la intervención que nombró Macri hace un año y que debería elegirse un directorio, el cual, de acuerdo con la ley de creación de la obra social municipal (Obsba), está presidido por sindicalistas, mientras que lo integran también representantes del Ejecutivo, pero todos nombrados por el jefe de Gobierno. Otros argumentan que el plazo vence el 14 de marzo, cuando se cumpliría un año de la publicación de la ley de intervención. La administración macrista ya decidió que el directorio será nombrado (una vez que los gremialistas salden la discusión interna en ese sentido) y que el plantel definirá la libertad de opción, algo que también impulsan los mismos sindicalistas ante la falta de ley. El bloque de la Coalición Cívica, que preside Enrique Olivera, es uno de los que se oponen y anunciará hoy lo que supone es un «pacto» del Gobierno porteño con los municipales, ya que de acuerdo con la propuesta los fondos de los afiliados que cambien
de prestadora serán traspasados por la propia OBsba.
Otro tema en el cual Macri busca la manera de actuar descartando leyes es sobre el destino del edificio del ex Padelai en el barrio de San Telmo. Allí, el Gobierno de la Ciudad pide a la Legislatura que lo declare de utilidad pública para poder concederlo por 30 años a una entidad del Gobierno español que lo convertiría en un centro cultural, pero la demora en la sanción de la norma podría decidir a Macri a llevar adelante el contrato y arriesgarse a una pelea judicial.