Macri no quiere solicitar permiso para endeudarse

Mauricio Macri decidió sumar otra batalla a la guerra que mantiene con los Kirchner por liberar a la Ciudad de la tutela financiera de la Nación: la Ley de Responsabilidad Fiscal. Con un proyecto de ley propia para la Capital Federal, que tal como anticipó este diario, comenzó a debatirse ayer en la Comisión de Presupuesto que conduce Álvaro González en la Legislatura porteña, el macrismo cree que podrá emitir deuda para colocar en el mercado y contar con una cuota más de financiamiento de lo que tiene hasta ahora.

Sin embargo, la norma también aporta otro punto de confrontación con el kirchnerismo, al que la administración macrista le endilga ponerle tropiezos para hacer más.

El proyecto, que recién comenzaron a analizar los bloques legislativos de la oposición, ya desató el debate más polémico que contiene: derogar la adhesión de la Ciudad de Buenos Aires a la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal.

Macri busca desatarse de los avales y las autorizaciones que debe pedir a Cristina de Kirchner para emitir títulos de deuda, o conseguir préstamos de organismos internacionales que le exigen esos requisitos, pero también provocar otro desafío. Esa decisión se expresa en los mismos fundamentos del proyecto de ley que señalan que «la adhesión al régimen federal, más allá de sus beneficios teóricos, sólo ha significado para esta Ciudad someter sus procesos de endeudamiento de mediano y largo plazo a la autorización del Poder Ejecutivo Nacional, conculcando con ello tanto la autonomía resultante de los principios constitucionales federales y locales como el efectivo acceso al crédito local y extranjero en detrimento del desarrollo de la Ciudad y de sus habitantes en todos sus órdenes».

El año pasado, el Gobierno nacional no firmó el aval para que la administración macrista pudiera colocar una nueva serie de los bonos locales Tango a las AFJP, cuando aún no se había estatitazado el sistema. Con ese dinero, $ 1.900 millones, Macri creaba un Fondo de Infraestructura Social (FOISO) para reparar escuelas y hospitales. De todos modos, la Legislatura le autorizó este año $ 690 millones en otro tipo de bonos, con los cuales la administración porteña cancela deuda con proveedores. Al inicio de la gestión, también la Legislatura le autorizó un método similar de pago por $ 1.000 millones para cancelar facturas que había dejado la gestión de Jorge Telerman, pero esos papeles no pueden colocarse fuera del circuito interno.

Si lograra aprobar el proyecto de ley de responsabilidad fiscal propio, el PRO buscará un nuevo endeudamiento con una base de $ 1.000 millones. Aún en la comisión falta establecer si efectivamente el sector financiero aceptaría bonos que no cuenten con la adhesión al sistema nacional de responsabilidad fiscal.

Gasto público

Otros puntos polémicos de la propuesta son los que ponen freno al crecimiento del gasto público para la Ciudad de Buenos Aires, ya que los acota a la pauta de crecimiento que se establece en la Ley de Presupuesto, sin considerar las modificaciones que pudiera haber por la inflación.

También el debate apunta a un artículo que propone que los gobiernos no pueden hacer crecer la deuda en los dos últimos cuatrimestres de los años electorales, pero esa imposición que tendría como propósito no trasladar deuda a las futuras gestiones, se chocaría con los planes plurianuales o con proyectos de obras a largo plazo.

«Está prohibido en los últimos dos cuatrimestres del año contraer obligación de gasto que no pueda ser cumplida íntegramente dentro de éste o que tenga cuotas que serán pagadas en el ejercicio siguiente, sin que haya suficiente disponibilidad de caja para ese efecto», expresa uno de los cuatro puntos del artículo referido a los años electorales.

En otro sentido, los bloques de la oposición al macrismo, advirtieron que el proyecto estipula balances con déficit cero, una cuenta que hasta ahora no ha cerrado de esa manera el Presupuesto de Macri.

Para controlar el cumplimiento de los parámetros que exige la norma, se crea una comisión integrada por funcionarios del ejecutivo y legisladores porteños, donde el oficialismo de la Ciudad contaría con mayoría asegurada.